Luis Manuel Toto Pólito
San Andrés Tuxtla, Ver.
El municipio de San Andrés Tuxtla enfrenta un adeudo de 17 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por conceptos de uso del vital líquido y por la reintegración de los desechos sólidos a los ríos de la ciudad, el 60% del monto ya es exigido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), afirmó el alcalde Octavio Pérez Garay.
De acuerdo con la autoridad, el problema radica en que la administración anterior no solicitó a Conagua la condonación de esta deuda que fue expresada en un decreto presidencial.
Los ocho millones de pesos que solicita en este momento el SAT, pudieron ser eliminados ya que se dio la oportunidad a las comisiones municipales de agua municipales y del estado, a perdonarles los adeudos por agua al solicitarse a la dependencia federal, sin embargo, dijo desconocer por qué este procedimiento no se realizó, calificando el hecho como “desidia gubernamental”.
“No respondieron y ahora quien tiene esa deuda es el SAT, que tienen la orden para ejecutar la cobranza del 60% de estos adeudos, el otro 40% lo tiene Conagua, con quienes ya pudimos pactar, y el dinero que le paguemos vendrá etiquetado para obras de infraestructura hidráulica o drenaje”.
Octavio Pérez señaló que la cantidad que se adeuda a Conagua ha disminuido hasta 20%, es decir por el orden del millón 700 mil pesos, de un total aproximado de 8 millones de pesos.
El recurso para el pago de esta deuda a Conagua no está disponible, dijo, por lo que han solicitado un plazo hasta el mes de marzo para poder empezar a juntar el dinero y pagarse antes de que concluya el primer trimestre.
La autoridad reconoció que parte del acuerdo con la comisión del agua también estableció que se cambiarán los medidores de agua de bronce a plástico, y se trata de un proyecto que estará presentándose previo al 15 de febrero, el ayuntamiento buscará con esto la disminución del robo de estos instrumentos de medición.
Octavio Pérez añadió que el servicio de agua potable empezará a medirse de manera macro, es decir lo tomado directamente desde los manantiales para poder reducir los pagos a la dependencia federal.
“En la administración anterior se pateó la lata, alargando las cosas esperando que la bomba explotara en la administración siguiente para evitar afectar su flujo de efectivo”, afirmó.
