Alertan de dos proyectos que representan un peligro para el medio ambiente y los ciudadanos.
Juan David Castilla Arcos
XALAPA
Cerca de 55 mil hectáreas están concesionadas para dos proyectos de minería a cielo abierto, que representan un peligro para el medio ambiente y los ciudadanos.
Así lo confirmó el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), Emilio Rodríguez, quien destacó que dos empresas están detrás de dicha situación en la zona de Vega de Alatorre y La Mancha, municipio de Actopan.
"Está el proyecto de Caballo Blanco, que es propietaria ahora una empresa que se llama Candelaria Mining y Almaden Minerals, que trabaja en la zona de Actopan. Los dos proyectos están en exploración y los dos proyectos siguen representando un fuerte riesgo".
En los lugares mencionados, fueron autorizados cuatro puntos de exploración. En ocasiones, las empresas utilizan dinamita para ello.
En Actopan, también está localizada la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) opera varios reactores nucleares.
"Hay riesgo para la naturaleza, los habitantes, los reactores nucleares y en ese sentido para todo el país, seguimos preocupados por el tema y seguimos actuando, junto con las comunidades para que estos proyectos se detengan de manera definitiva".
Emilio Rodríguez consideró que la Ley Minera es "entreguista". Otorga concesiones por 50 años, renovables por otra mitad de siglo.
"La regulación no es la respuesta, nosotros buscamos abolir la esclavitud de la naturaleza, el daño que le estamos generando y que repercute en nosotros porque somos naturaleza. Los gobiernos y las comunidades, con la desinformación que tienen alcaldes, gobiernos en turno, aceptan que la minería sea una actividad viable para la entidad. Hemos demostrado que Veracruz no es minero, Veracruz es agropecuario, Veracruz tiene otra vocación".
Los terrenos donde están llevándose a cabo trabajos de exploración corresponden a zonas ejidales, propiedades privadas y áreas naturales protegidas.
La suspensión definitiva de los proyectos tendría que gestionarse desde el Gobierno federal, debido a que la Ley Minera no permite violar los derechos humanos de los campesinos y las comunidades.
