Hay mano dura contra manifestantes

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Hay mano dura contra manifestantes

AVC/Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.

Al desconocer la magnitud del daño que heredó el ex gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, los problemas sociales seguirán creciendo y siendo afectados por represiones.

El primer semestre del sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, registró al menos siete desalojos de manifestaciones que demandaban servicio de agua, justicia para familiares asesinados o desaparecidos, u obra pública.

De acuerdo con el investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), Rafael Arias Hernández, el desconocimiento de la situación real, tanto social como financiera, de la entidad veracruzana, causará más movilizaciones.

Se puede agravar mucho antes, la medida en que los diferentes ámbitos de gobierno, una multitud de funcionarios y servidores públicos no atiendan a los funcionarios, las inconformidades y protestas van a aumentar en un estado donde la pobreza, el hambre, el desempleo y todas las necesidades sociales no son atendidas, son postergadas.

En un recuento de desalojos, el primero ocurrió el 12 de diciembre 2016, pocos días del gobierno panista. Manifestantes de la organización civil Arco, liderada por Topacio Citlalli Hernández Ramírez cerraron la vialidad de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Durante los pocos minutos del cierre de la vialidad, elementos antimotines arribaron a la zona, deteniendo a cuatro personas y su líder, Hernández Ramírez.

Las semanas transcurrieron y las manifestaciones en el estado fueron inexistentes o desarrolladas sin cerrar vialidades, sobre banquetas o afuera de dependencias estatales.

Para el 3 de abril, habitantes de Soledad Atzompa arribaron a la ciudad de Xalapa para demandar atención a tramos carreteros con evidentes daños para su tránsito.

La inconformidad en la capital del estado, se mostró al cerrar la vialidad de la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno. Mientras una comisión ingresó a un presunto diálogo al interior de Palacio de Gobierno, policías de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Jaime Téllez Marie intentaron desalojar a los manifestantes que permanecían en la vía pública.

Días después, en el municipio de Coatzacoalcos, elementos de Seguridad Pública arribaron a una manifestación donde familiares de Gustavo Ruiz Zárate, taxista asesinado, exigían justicia por su caso.

Su inconformidad se desarrolló en las inmediaciones de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1. El punto se repitió de nueva cuenta el 27 de abril, cinco días después de los familiares Ruiz Zárate. Ese jueves 27, familiares de Daniel Vázquez Ocaña se manifestaron por mencionar la desaparición forzada del mencionado, desconociendo su paradero.

Al bloquear el puente Coatzacoalcos 1 por más de una hora, elementos antimotines arribaron al lugar para desplazarlos.

El investigador del IIESES recalcó que las manifestaciones de cualquier índole deben ser respetadas y atendidas, factores que son desplazados ante la inexistencia de diálogo y presencia de elementos policiacos.

Se deben respetar los derechos humanos de las personas, su libertad a expresión, me preocupa que no haya la disposición al diálogo y atención de los inconformes, que están creciendo en el estado y cuyos problemas no se atienden porque los funcionarios les interesa mantenerse en el poder y mantenerse en el sistema de complicidad, reiteró.

El 6 de junio, integrantes de la OGAI bloquearon cinco horas la carretera federal del municipio de Catemaco, de la inconformidad fueron detenidos doce personas, un policía resultó herido y se aseguraron doce machetes y un rifle calibre 22.

En el preludio del proceso electoral donde se renovó las 212 presidencias municipales de la entidad, en el puerto de Veracruz, a unas cuadras del Centro Histórico, fueron desalojados militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Era la noche del 31 de mayo. Los manifestantes se atrincheraron en las afueras del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para inconformarse por la reimpresión de casi medio millón de boletas electorales.