AGENCIA AVC
Xalapa, Ver.
La fracción del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado solicitó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Tribunal del Poder Judicial la suspensión del decreto de la LXIV Legislatura por el que se aprueba la reestructuración de la deuda.
De igual forma se pidió dejar sin efecto la convocatoria que se emitió el pasado 12 de septiembre por la que se emiten los lineamientos para la venta de créditos por 38 mil millones de pesos.
El argumento partidista va en el sentido de que son inconstitucionales todas las acciones que se han implementado para reestructurar los pasivos del Gobierno estatal.
En un comunicado de prensa se argumentó que el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas, para coadyuvar en generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
Sin embargo, esos principios constitucionales se violan con la emisión de los decretos y la convocatoria por el que la mayoría del pleno validó el renegociar la deuda pública en Veracruz.
“El interés legítimo se puede generar por una afectación directa o indirecta, partiendo de la situación especial del quejoso frente al orden jurídico”, se establece como una premisa.
Además de reclamar el decreto por el que se autoriza la reestructuración, por el que se oficializa el permiso de la Cámara a través en la Gaceta Oficial del Estado, y la consolidación de un fideicomiso sin estructura que servirá para los créditos, también piden dejar sin efecto la convocatoria de licitación.
Según lo planteado por el área jurídica de Morena, lo hecho por los legisladores es violatorio de la Constitución federal, pues además de no contar con el quórum para votarlo, la Cámara no tiene facultades para autorizar a un tercero a asumir créditos en nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
“El Congreso estatal no tiene facultades para autorizar al Ejecutivo Estatal a crear un fideicomiso de financiamiento, que acceda al crédito y que esos recursos se los entregue al Estado de Veracruz, ni para autorizar la afectación de Participaciones Federales a un tercero que contrata créditos con Instituciones Financieras”.
Tras argumentar una serie de violaciones a la carta magna federal, se concluye que el grupo legislativo de Morena solicita la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva del acto reclamado, ya que queda demostrado que el mismo produce un daño inminente e irreparable a sus pretensiones.
