29 de Marzo de 2024

Emiten recomendación contra la FGE

Yhadira Paredes

Xalapa

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación general 1/2017 por la desaparición de personas en el estado de Veracruz, donde se establece graves omisiones e irregularidad en las investigaciones sobre 81 expedientes analizados de igual número de personas desaparecidas entre febrero del 2011 y octubre del 2016.

En la presentación de la recomendación, la titular de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez, señaló que los hechos que incluyen esta recomendación son particularmente graves porque constituyen un patrón sistemático de omisiones que han derivado en impunidad.

“Esta afirmación se sostiene en la acreditación de violación de derechos humanos en 81 expediente analizados que documentan casos de personas desaparecidas en el periodo comprendido entre febrero de 2011 y octubre de 2016. Pudo constatarse que recurrentemente existieron irregularidades en la investigación que en muchos casos obstaculizaron que las indagatorias tuvieran resultados satisfactorios”.

Matzumoto Benítez destacó que en todos los casos analizados el inicio de la investigación constituyó una mera formalidad, no se realizaron las diligencias encaminadas a la localización con vida de las personas desaparecidas y las cargas procesales de la autoridad fueron trasladadas a las víctimas indirectas. En suma, las investigaciones adolecieron de deficiencias estructurales.

Las omisiones demuestran el incumplimiento del deber de la debido diligencia a cargo de la autoridad encargada de procurar justicia, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones de garantía, pues fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos, además vulnera el derecho de las víctimas y sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido.

“Es decir, se les niega su derecho de conocer la verdad, de ser reparados”.

La presidenta de la CEDH destacó que la falta de investigación o la deficiente justicia provocó que los autores materiales o intelectuales sigan sin ser presentados ante la justicia, pero también que los servidores públicos a cargo de las indagatorias iniciadas por las personas desparecidas perpetúen las prácticas que violan los derechos humanos.

Dijo que las sanciones administrativas y penales juegan un rol fundamental para crear compromiso con los derechos humanos, en particular cuando se trata de personas desaparecidas la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos investigados envía un mensaje contra la inercia institucional, la insensibilidad y la violación a los derechos humanos.

Además destacó que la ausencia de investigaciones diligentes en este periodo fue acompañada de la falta de medidas efectivas para garantizar la plena reparación del daño a las víctimas y sus familiares.

“Es sabido que para hacer efectiva la reparación, debe incluir la restitución, la indemnización, la reparación, rehabilitación y satisfacción y garantías de no repetición”.

Denunció que el fondo de atención a víctimas del delito nunca ha contado con recursos porque el poder legislativo no ha previsto una partida en su presupuesto.

Se documentó a través de las víctimas indirectas y de la propia Comisión de Víctimas que la atención brindada por ésta fue, cuando menos, deficiente, y que operó de manera tardía en la mayoría de los casos.

Finalmente, precisó que solo se dio atención a las víctimas indirectas de la desaparición en 26 de los 81 casos documentos.

ALZAR LA VOZ

La falta de acceso a la procuración de justicia para los familiares y las víctimas de desaparición se dio en años anteriores, sin embargo, hoy persiste, por lo que es necesario que las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos alcen la voz en favor de las víctimas indirectas, aseveró el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado previo a la presentación pública de la recomendación general 01/2017 sobre personas desaparecidas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ombudsman nacional aseveró que la exigencia de los familiares al Estado Mexicano para conocer la verdad es un reclamo legítimo.

Aseveró que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno están obligadas a garantizar a quien tiene una familiar desaparecido: el derecho a la verdad, que se conozca que pasó, se finquen las responsabilidades que correspondan, garantías de no repetición y conocer el paradero de sus seres queridos.

En ese sentido, reconoció a todos los familiares que a través de colectivos desarrollan un trabajo extraordinario y reclaman legítimamente conocer el paradero de sus familiares.

Sin embargo, aclaró que “esta coadyuvancia de los familiares no debe de excluir la responsabilidad del Estado de la búsqueda de estas personas. Por eso desde la CNDH y la CEDH a través de recomendaciones e informes venimos exigiendo que se dé respuesta puntal en estas vertientes”.

En ese sentido, destacó que en la recomendación emitida por el caso de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca en enero de 2016, así como por tres jóvenes más en Papantla, se refieren no solo a estos casos, sino a todas las desapariciones del estado.

“Ustedes pueden ver en nuestras recomendaciones que no nos referimos solo a los casos de Tierra Blanca y Papantla, sino que tenemos un patrón en la procuración de justicia que no viene accediendo a esa justicia. Quiero decirles que es un tema que viene de años atrás, pero hoy persiste y por eso necesitamos alzar la voz en favor de los familiares de las víctimas”.

El presidente de la CNDH sostuvo que hay una exigencia permanente al Congreso de la Unión para que se apruebe de inmediato la Ley General de Desapariciones Forzadas, una herramienta que dará bases firmes para atender esta problemática.

“Necesitamos además que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputado doten de recursos suficientes a la Federación y a los estados”, finalizó.