Juan David Castilla Arcos
Xalapa, Ver.
La Secretaría de Economía del Gobierno Federal ha entregado 21 concesiones mineras para la exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo.
Ambientalistas y pobladores de Actopan y Alto Lucero protestaron frente a Palacio de Gobierno y exigieron al Gobierno en sus tres niveles que se declare “libre de megaminería tóxica” y cancele concesiones a las empresas extranjeras, mismas que actualmente llevan a cabo trabajos de exploración en dichos municipios.
De acuerdo con Leticia Valenzuela, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), los proyectos mineros son “inviables y dañinos”.
“A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados La Paila (antes Caballo Blanco) y El Cobre, respectivamente”.
La activista recordó que el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), rechazó el proyecto minero en la entidad, al igual que especialistas de la Universidad Veracruzana (UV), el Instituto de Ecología (Inecol) y Pronatura México.
“Entonces la minera retiró su Manifiesto de Impacto Ambiental, pero las concesiones siguen en pie, son concesiones por 50 años. En tanto que no se cancelen estas concesiones las mineras van a seguir y van a seguir intentándolo”.
Leticia Valenzuela subrayó que el Gobierno Federal tiene la posibilidad de cancelar de manera definitiva las concesiones.
“La minera cuando retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental dijo que volvería a presentarlo”.
Además, señaló que el proyecto se frenó en época electoral –en la que se renovaría la Presidencia de la República, la Gubernatura, el Senado y las diputaciones federales y locales–, para evitar que tuviese peso político.
Sin embargo, después de la elección, a realizarse el 1 de julio, el proyecto minero podría ser reactivado en la entidad veracruzana.
Y es que comunidades de Alto Lucero y Actopan se declararon “pueblos libres de megaminería tóxica”. Durante el miércoles 7 de febrero, habitantes de esos lugares entregaron a dependencias estatales y federales copias de actas de asambleas que constatan lo anterior.
