En los dos sexenios pasados, el órgano federal detectó irregularidades por 52 mil 682 mdp en créditos.
(AVC/Isabel Ortega)
Xalapa, Ver.- Durante la administración de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se desviaron 85 de cada 100 pesos de los créditos que hoy representan deuda pública estatal. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no manejó correctamente los fondos entregados a través de créditos de la banca privada y la de desarrollo que se tenían que invertir en acciones productivas o infraestructura estatal. A pesar de que reconocen que no pueden hacer recomendaciones para resarcir el daño a las arcas estatales, se pide a la Contraloría General y al propio Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), iniciar acciones legales para recuperar los fondos desviados. Según los datos que se publicaron en el portal de la ASF hasta diciembre del 2016 tanto Fidel Herrera como Javier Duarte contrataron un total de 52 mil 682 millones de pesos por concepto de créditos, algunos de los cuales se ingresaron a las cuentas bancarias pero no se sabe en qué se invirtieron. Al revisar el manejo de los prestamos contratados se logró detectar el presunto desvío de recursos por 30 mil 765.8 millones de pesos derivados de 15 créditos contratados de 2006 a 2015 y de los cuales no se acreditó el destino de los recursos. Es decir, desde la administración de Fidel Herrera Beltrán se desviaron los recursos que se contrataron como créditos en beneficio de los veracruzanos. Adicionalmente se identificó indicio de un probable desvío de recursos por 11 mil 607.3 millones de pesos, relacionados con movimientos operados entre diciembre de 2015 y de marzo a junio de 2016. Se detectó que la cuenta bancaria mediante la que se ejecutaron las operaciones no existía en el catálogo contable, ni en el listado de cuentas bancarias informadas en la Cuenta Pública 2016. En ese caso ya hay denuncia penal y la presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) contra quien o quienes resulten responsables. También se observó un probable desvío de recursos por dos mil 400 millones de pesos de un crédito contratado a corto plazo en diciembre de 2015, y no se acreditó el destino de los recursos del financiamiento. Además se acreditaron diferencias por 663 millones de pesos en los saldos al 31 de diciembre de 2016 en 24 cuentas bancarias, así como la falta de conciliación entre la información de los bancos y la contabilidad y es ese monto el único que se pide resarcir. Es decir, en un lapso de diez años se desviaron un total de 45 mil 435 millones de pesos. Se contrataron créditos para inversión productiva, que terminó en bancos.
En el 2006, durante el periodo de Fidel Herrera se bursatilizó el impuesto de la Tenencia y Vehicular lograron 6 mil 300 millones de pesos, de ese total 3 mil 400 se usaron para liquidar deuda pública directa. Además se destinaron 2 mil 800 millones para obras como el libramiento de Xalapa, la autopista de Tuxpan, que sigue en construcción; la carretera San Julián Paso del Toro, que se inauguró 9 años después, entre otras obras. En 2010, a días de concluir el mandato de Herrera Beltrán, se autorizó contratar un crédito por 10 mil millones de pesos para contingencias climatológicas. Ya en la administración de Javier Duarte en el 2011 se dio la primera dos reestructuraciones por 30 mil millones de pesos, de ese total se abonaron 12 mil 600 millones de pesos a los bancos y 17 mil 400 millones se usó para el pago a terceros, sin embargo, no se sabe a la fecha a quién le pago. En 2012 el gobierno contrató un crédito por 5 mil 500 millones de pesos, con lo que pagó dos préstamos obtenidos con anterioridad. En 2015 se autorizó una segunda reestructuración por 21 mil 700 millones de pesos. Duarte logró un préstamo de 5 mil millones con Banobras para inversión productiva, pero el dinero lo uso para el pago de un pasivo con Inbursa.
Además se detectó otro crédito por 2 mil 400 millones de pesos, que se localizó en una cuenta de banco que no era parte del catálogo de cuentas que se reportó en el 2016. En 2016, el Gobierno del Estado sólo contrató dos financiamientos a corto plazo (en el mes de diciembre), por un total de 4 mil 400 millones de pesos, uno con Banorte por 1,000.0 mdp y otro con Interacciones por 3 mil 400 millones de pesos. El dinero que se pidió para inversión productiva se destinó a gasto corriente: impuestos, salarios, gastos de operación, amortización de créditos y pago de intereses.
Además la ASF detectó que el funcionarios de la Sefiplan usaron créditos bancarios para la compra Certificados de la Tesorería de la Federación que le reportaban rendimientos a corto plazo, sin embargo, la adquisición de los Cetes generó una pérdida al gobierno del estado por más de 12 millones de pesos, según el Primer Informe Trimestral del 2017, lo que se podría considerar daño patrimonial. El gobierno contaba con 566 cuentas bancarias a las que depositaba los créditos y los ingresos propios, y disponía del dinero para el pago de cualquier rubro, por lo anterior la actual administración notificó a la ASF lo difícil que es conocer el destino final de los empréstitos, sin embargo, se detectó la solicitud de créditos para liquidar hasta tres veces un mismo crédito.
(Relativa)
AUMENTÓ LA DEUDA
En seis años, Javier Duarte hizo crecer la deuda en un 90 por ciento.
Del 2010 a 2016 la deuda de Veracruz paso de 19 mil 308.8 millones de pesos a 45 mil 801.7 millones de pesos, es decir, se dio un aumento de 26,492.9 mdp, lo que representa un aumento en un 90.1%. Los principales incrementos se realizaron en 2010 (11,262.5 mdp), en 2011 (5,863.6 mdp) y en 2012 (12,360.2 mdp). La fuente principal de garantía o pago fueron las Participaciones (80.2%), las Aportaciones y los Ingresos propios. Luego de las observaciones detectadas se recomendó al Congreso local a generar una ley de deuda pública de la entidad, y armonizar otros ordenamientos como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado, y el Código Financiero del Estado. Piden a los legisladores a considerar el principio de sostenibilidad, disciplina financiera, responsabilidad hacendaria, Registro Público Único, la contratación y el destino de los recursos obtenidos mediante financiamiento, el Sistema de Alertas y los convenios en caso de obtener la garantía federal.
