AGENCIAS
Ciudad de México
María Georgina Domínguez Colio, ex vocera del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, deberá seguir su proceso penal tras las rejas, luego que el Juzgado Decimoctavo de Distrito del Poder Judicial de la Federación le negó la solicitud de amparo para llevarlo en libertad.
De acuerdo con el expediente 593/2017, publicado en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ex funcionaria estatal no podrá salir del reclusorio de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, Veracruz, donde fue recluida el pasado 21 de mayo.
Desde ahí tendrá que responder, junto con su defensa legal, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del servicio público que le imputó la jueza de control Verónica Portilla Suazo por acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según la autoridad ministerial, Domínguez Colio desvió 105 millones 937 mil pesos cuando fue coordinadora general de Comunicación Social (CGCS) del gobierno de Duarte de Ochoa, entre el 1 de diciembre de 2010 y el 20 de febrero de 2014.
Tras conocer la negativa del amparo, la defensa legal de Domínguez Colio interpuso un recurso de queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río.
Además, el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó el amparo 649/2017 al ex secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, el cual había interpuesto para no ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el expediente publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal se detalla: No se provee sobre la suspensión de los actos reclamados en razón de que la autoridad declinante, para tal efecto, ordenó la apertura del incidente de suspensión.
Cabe mencionar que en mayo pasado Gómez Pelegrín perdió el juicio de amparo 230/2017, mismo que tramitó para evitar cualquier tipo de privación de su libertad.
Este amparo lo había presentado en marzo pasado ante el Juzgado Décimo Séptimo del Distrito Judicial de Xalapa, donde en un principio se le había otorgado la suspensión provisional de cualquier acción que pudieran ejercer en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
