- Miguel Ontiveros destacó que pareciera que el caso se reduce a un asunto de dinero, aunque la verdad sea otra, y enfatizó que es una cuestión de interés político.
Daniela Wachauf
CIUDAD DE MÉXICO
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), tendrá que defenderse ante los tribunales, manifestó el abogado Miguel Ontiveros.
Luego de que el martes pasado durante la audiencia intermedia, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incrementaron el monto de la reparación de daño de 10.7 a 30 millones de dólares, el juez de Control decidió aplazar la audiencia para el 31 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
El exfuncionario es señalado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por los casos de la empresa brasileña Odebrecht y la planta de Agro Nitrogenados.
"A Emilio lo traicionaron sus amigos, testigos de los hechos que trabajaban con él, se acobardaron y se escondieron, lo traicionaron sus abogados, y ahora él se pregunta ¿también el gobierno? Lo que sigue para Lozoya Austin es que se tendrá que defender ante los tribunales, ya no hay otra opción", aseveró el abogado a EL UNIVERSAL.
Ontiveros destacó que pareciera que el caso se reduce a un asunto de dinero, aunque la verdad sea otra, y enfatizó que es una cuestión de interés político.
"Quieren que Emilio se mantenga en prisión… que ya no hable. Las personas por él denunciadas son poderosas y están cerca de lograr su objetivo: callar a Lozoya Austin y alcanzar la impunidad", subrayó el abogado.
Precisó que eso explicaría la exigencia de una reparación del daño absolutamente impagable.
"¿Si la UIF considera que el daño es de 30 millones de dólares, por qué no lo dijo desde un principio? Para decirlo más claro, en enero de 2022, la UIF acusó a Emilio en armonía con Pemex, por 10.7 millones de dólares", cuestionó el defensor.
Recordó que más de un año después aumentó la cifra de reparación del daño con un supuesto soborno de 8.4 millones de dólares a Lozoya, dato que es desconocido para las autoridades, así como para la defensa y que no obra en ningún expediente ni carpeta de investigación.
La UIF, en un comunicado, intentó justificar su postura aludiendo a dos casos que ni siquiera son penales. Me refiero a los de Tula II y Salamanca; ninguno está vinculado con Lozoya Austin, añadió.
