29 de Marzo de 2024

Detectan más desvíos de Javier Duarte

La ASF aumentó 19 mil mdp de daño patrimionial en el 2016

(AVC/Flavia Morales)

Xalapa, Ver.- La tercera entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto federalizado 2016 durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte reveló nuevos desvíos por 4 mil 700 millones de pesos de ocho fondos destinados a la construcción de infraestructura en municipios, pago de nomina, educación y seguridad pública. El daño al erario público en 2016 se suma a los 15 mil millones que fueron identificados en la primera y segunda entrega individual de la ASF en junio y octubre del año pasado, respectivamente. En total durante la cuenta 2016, hay un presunto daño patrimonial por más de 19 mil millones de pesos que representa casi la totalidad de los fondos federales destinados a Veracruz. El informe presentado este 20 de febrero señala más de 50 sanciones y observaciones administrativas que tendrá que solventar y ejecutar el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. En esta tercera etapa se realizaron 12 auditorías y se señalaron observaciones a Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; Fondo de Aportaciones Múltiples; Proyectos de Desarrollo Regional; Programa de Escuelas de Tiempo Completo, recursos de gasto federalizado a varias dependencias; apoyos y centros y organizaciones de educación. Además en esta etapa, se realizó un informe sobre el  Financiamiento Público Local, es decir la deuda de Veracruz. El modus operandis fue el mismo, el recurso era concentrado en la Secretaría de Finanzas y Planeación, desde ahí era transferido a otras cuentas de donde desaparecía sin dejar rastro.  La Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1657 al gasto general federalizado reveló que los recursos que deberían haber sido entregados para convenios con diversas dependencias para proyectos como apoyo a la cultura, prevención y control de enfermedades, desarrollo profesional docente,  tratamiento de aguas residuales, desarrollo forestal sustentable, entre otros fue desviado. Los convenios entre la Secretaría de finanzas y las dependencias se firmaron, pero no fueron validados finalmente ni los recursos transferidos.  La auditoría revela inobservancias de la normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por el  51.5% de los recursos auditados.  También se observó la inexistencia de documentación que acredite la entrega de recursos a los ejecutores, omisión en el reintegro producto de transferencia de recursos a otras cuentas de la entidad, recursos transferidos que no fueron ministrados a las ejecutoras y rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

FAFM

 La auditoría financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples,  reveló daño por 1 mil 196 millones de pesos, que deberían haberse distribuidoen tres cuentas bancarias productivas, una para el componente de “Asistencia Social”, otra para el componente de “Infraestructura Educativa" y la tercera para los remanentes del FAM, pero no sucedió así. Los recursos debían ser distribuidos a el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto de Espacios Educativo, y la Universidad Veracruzana (UV). La  auditoría reveló que los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado no entregó los recursos a las áreas ejecutoras. En la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) aportados por la Federación durante 2016 se determinó un probable daño patrimonial por 775 millones de pesos. La auditoría reveló que al 31 de diciembre del 2016, el estado transfirió hacia otras cuentas bancarias ajenas al fondo 772 millones de pesos que representaron el 99% de los recursos disponibles, lo que generó opacidad en la aplicación de los recursos. En conclusión, la auditoría señala que el gobierno de Veracruz no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo de infraestructura social para la entidades.