El día de ayer se llevó a cabo la primera audiencia de Javier Duarte de Ochoa ante las autoridades de Guatemala, con el fin de conocer las causas del proceso por el cual se requirió su detención con fines de extradición. Una vez en uso de la palabra, el ex gobernador veracruzano externó su decisión de esperar a que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, formalice la petición de extradición para que una vez que esto suceda, se pueda tomar una decisión al respecto con la asesoría de sus abogados.
Una forma más simple de haber traído al ex mandatario veracruzano al país, hubiera sido esperar que este fuera deportado, ya que su estancia en el país centroamericano era ilegal en virtud de que sus documentos eran apócrifos, con una identidad diferente a la real. Sin embargo, el gobierno mexicano optó por algo, que en caso de no allanarse el hoy detenido y este objete la extradición, el proceso se pudiera llevar de seis meses a un año.
Por otro lado, en la comparecencia de Duarte de Ochoa se pudieron saber en la propia voz del ex mandatario algunas cosas que no eran del dominio público, es decir que no nació en la ciudad de Córdoba como la mayoría suponíamos y siempre se le adjetivaba en los medios o al referirse a este personaje con el gentilicio de “cordobés”. Otra de las cosas, que después de hacer una serie de conjeturas sobre los posibles puntos geográficos donde pudiera estar escondido, finalmente el mismo, a pregunta expresa del juez, confiesa que ya llevaba más de seis meses en Guatemala.
Todo parece indicar que los trabajos para que se ponga en marcha la Zona Económica Especial, que comprende los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste van viento en popa. Sin embargo han habido algunas determinaciones que no tienen muy contentos a los empresarios de la región sur, como aquella de haberse llevado la mesa de los trabajos a Boca del Río, cuando la sede debería ser Coatzacoalcos.
Ahora resulta que el gobierno municipal del puerto ha tomado la determinación de trasladar la ventanilla única a la Ciudad de México, bajo el argumento de que así se logra tener un mejor contacto con las empresas inversionistas; razonamiento que no parece convencer tampoco a los empresarios y ciudadanos sureños.
De por sí, las empresas que inviertan en la Zona Económica Especial van a recibir un trato preferencial con la exención de algunos impuestos, con las facilidades de una ventanilla única para agilizar todos sus trámites, incluso con la localización de terrenos para su operación.
No se trata solo del hecho de llevarse los trámites de ventanilla única para operarlos en la Ciudad de México, sino todo lo que esto implica en materia de derrama económica en favor de prestadores de servicios. Lo mejor sería mantener el funcionamiento de la mencionada ventanilla dentro de los tres municipios involucrados, lo cual permitiría que los representantes de las empresas viajen, conozcan y utilicen los servicios que se brindan en materia de hospedaje, boletos de avión y alimentos en esta región. Aunque también existe la percepción de que se pretende evitar que conozcan la pésima infraestructura carretera y la sensación real de la inseguridad que se vive en esta zona del país.
