Salvador Camarena
La Feria
A pesar de todo lo que se ha publicado sobre el sexenio de la corrupción duartista, el relato de Galdamez es de escándalo.
Y sin embargo, ese elemento de la audiencia ocurrida en Guatemala, el más importante sin duda, ese retrato del modus operandi de una pandilla dispuesta a delinquir, quedó sepultado en el tsunami mediático que supone ver a un impopular político mexicano esposado, aporreado y lanzado –cual fardo– al suelo laminado de un coche carcelario.
Acaso unos cuantos medios supieron refrenarse ante el espectáculo y dar justo peso a lo esencial de la audiencia. Por ejemplo, La Jornada y Expansión. Esas publicaciones destacaron que Duarte activó desde diciembre de 2010, es decir, desde el momento inicial de su fallido sexenio, la trama criminal mediante la cual desfalcaría a Veracruz.
“Según el abogado Alfonso Ortega López –cuyas declaraciones, junto con las de otros testigos, fueron dadas a conocer este 19 de abril por la Fiscalía de Guatemala–, en esa fecha, durante una fiesta en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, Duarte le ordenó prepararse para recibir fondos y colocarlos en diversas inversiones. Ortega declaró a las autoridades que aquella fiesta se realizó en un departamento propiedad de Duarte, quien para entonces también poseía otros dos, cada uno con un valor de 1.5 millones de dólares. En ese tiempo, Duarte tenía menos de un mes de haber asumido el gobierno de Veracruz”, se lee en la cronología que Expansión hizo a partir del relato del fiscal Galdamez. (http://bit.ly/2p18KtV)
El fiscal guatemalteco detalló las órdenes de Duarte: crear una inmobiliaria (de nombre Roor) para disfrazar la adquisición de bienes, conseguir una lancha de casi 800 mil dólares, comprar una propiedad por 47 millones de pesos en Las Lomas de Chapultepec, montar la red de las empresas fantasma, sumar la adquisición del rancho El Faunito, utilizar los fondos para seguridad para otros propósitos: “Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública estatal –actualmente detenido–, declaró a las autoridades que, por esas fechas, el entonces tesorero de la Secretaría de Finanzas, Tarek Abdalá, le llamó para decirle que, por órdenes de Duarte, a partir de ese momento los recursos federales destinados a tareas de seguridad ya no pasarían por la Secretaría de Finanzas, sino que irían directamente a su dependencia y ésta tendría que devolverlos a la Tesorería y usarlos para pagar a ‘ciertos proveedores’. Bermúdez también dijo que esto mismo ocurría en las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Agropecuario”. (Versión de Expansión).
De todo eso se habló en esa media hora, en una audiencia pública y publicitada.
Lo último que relató el fiscal Galdamez fue cómo Duarte y sus prestanombres discutían en 2016 sobre borrar de los registros gubernamentales todo rastro de las transacciones. La soberbia del ex gobernador le hacía sentir que con eso estaba a salvo, incluso en contra de la opinión de su testaferro Moisés Mansur, quien le advirtió que la huella de esas operaciones es indeleble en el sistema bancario.
Es muy poderosa la imagen de un Duarte maniatado. Pero no menos impactante debería ser el relato de los hechos descritos en la causa penal que servirá para extraditarle.
A Duarte, un ex gobernador le recomendó robar al inicio de su sexenio y luego dedicarse a tapar sus fechorías.
Siguió la mitad del consejo, pero no la segunda parte: por lo visto y escuchado ya no pudo parar, y mucho menos ocultar sus delitos.
