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Que los legisladores veracruzanos, en su gran mayoría le hagan un desaire al señor gobernador y lo dejen plantado, no es un tema menor, en todo caso es un síntoma de que algo no anda bien en las relaciones entre ambos poderes. Por un lado, en el comunicado del gobernador dirigido a la diputada María Elisa Manterola Sáinz, presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado, más que una invitación para reunirse el pasado sábado a las 12 del día, pareciera como si los diputados fuesen empleados del gobernador, ya que se concreta a señalarles que la reunión sería el sábado 17 de junio a las 12:00 horas, en la Sala de Banderas del Palacio de gobierno.

Entre los tres poderes debe haber respeto y consideraciones, no se puede citar como si fueran parte de su gabinete a los legisladores para celebrar alguna reunión. Es necesario que haya un espacio para ponerse de acuerdo, en ese sentido, falló la sensibilidad política y la operación adecuada del gobernador y sus asesores. Esa puede ser la razón de que de los 50 legisladores solo se hayan presentado 12, incluso dentro de los ausentes también estuvieron algunos panistas.

Después de la falta de interés de la gran mayoría de los concesionarios del transporte público, particularmente los de la modalidad de taxis para incorporarse al programa de Reordenamiento Vehicular implementado por el Gobierno del Estado, la autoridad estatal ha tomado la determinación de ofertar el costo de ese trámite para que los concesionarios lo paguen en ocho parcialidades. Es decir, si se considera que el principal argumento de los transportistas para no acogerse a ese programa fue que era demasiado costoso y que no estaban en condiciones de cubrirlo, con esta medida no debe haber ya más pretextos.

Hasta ahora, uno de los sectores más vulnerables y que más les han exigido a las autoridades que intervengan en materia de seguridad, son precisamente los taxistas. Ellos se han quejado de que los asaltan, los extorsionan, los secuestran e incluso los asesinan; entonces ahora que el Gobierno estatal pretende meter orden elaborando un padrón confiable tanto de concesiones como de conductores, la respuesta debe ser de colaboración, ya que con esta medida se espera que tanto los usuarios como los choferes tengan menos riesgo en sus unidades.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la administración pasada de Nacajuca, Tabasco, con votos de seis contra cinco, sienta un precedente para las administraciones municipales que no han venido acatando los fallos de los tribunales sobre todo en materia laboral, pues resulta que el caso de la comuna en administración pasada de esa localidad tabasqueña, de extracción perredista, no cumplieron con un fallo judicial, por lo que ahora que ya no son autoridad, tanto el ex presidente municipal Pedro Landero López y diez personas más, deberán ser detenidas para que respondan por ese desacato.

Si bien es cierto ese tema es del estado de Tabasco, también lo es el hecho de que este se ventiló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual quiere decir que ningún ayuntamiento estaría exento de correr la misma suerte, por lo que en el caso particular de las alcaldías del estado de Veracruz, deberán poner sus barbas a remojar y tratar de no dejar pasivos porque esto les puede repercutir, incluso aunque ya estén fuera de sus funciones públicas.