29 de Marzo de 2024

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Como estaba anunciado de antemano, el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa después de mediodía arribó al hangar de la PGR ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue subido a una camioneta blindada y bajo estrictas normas de seguridad trasladado al Reclusorio Norte, donde fue presentado ante el juez para notificarle las acusaciones que le hace la Procuraduría General de la República por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Cabe destacar que entre los tres abogados que llevan su defensa está el mismo que contrató la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.

En esa primera audiencia solo se determinará en primera instancia si la detención del ex gobernador veracruzano fue apegada a derecho así como su extradición, esperando se cumpla el término constitucional o en su caso su defensa solicite la ampliación de 144 horas.

A menos de dos semanas de que concluya la prórroga otorgada por el Gobierno del Estado para que los concesionarios del transporte público se integren al programa denominado Reordenamiento Vehicular, siguen los pretextos por parte de algunos que se siguen quejando de que no pueden pagar el costo de este trámite, no obstante que la Dirección de Transporte Público les ha dado las facilidades para que liquiden en cinco mensualidades. Si consideramos el costo-beneficio de estar integrados a un padrón vehicular sancionado por la autoridad, quienes salen ganando son los propios concesionarios, no obstante algunos han señalado esto como una medida recaudatoria por parte del Gobierno del Estado, con lo que solo tratan de justificar su negativa para cumplir con esta disposición.

Lo cierto es que también los usuarios del servicio de transporte público en las modalidades de urbano y taxi podrán sentirse más seguros si viajan en unidades que están debidamente registradas y cuyos choferes también forman parte de un padrón confiable. A partir del día 1 de agosto ningún vehículo que no haya sido registrado en este programa podrá prestar servicio y quien lo haga será sancionado e incluso pudiera perder hasta la concesión. Es necesario que los concesionarios hagan conciencia y dejen de poner pretextos para cumplir con ese trámite.

Ante la negativa de la concesionaria del túnel sumergido y de la empresa aseguradora para cumplir con los pagos correspondientes a los vecinos de Villa Allende que fueron afectados en sus viviendas durante la construcción de esta magna obra, existen amenazas serias por parte de los afectados de llevar a cabo un bloqueo con la interrupción del tráfico vehicular, lo cual pudiera generar más pérdidas económicas para la empresa, que lo que corresponde al pago de los daños.

No obstante que los afectados exigieron en tiempo y forma que se les indemnizara, previo a la inauguración del túnel, las autoridades municipales dialogaron con ellos para evitar protestas durante la ceremonia de la puesta en marcha de esta obra, con la promesa de gestionar para un pronto pago, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.

Lo cierto es que no hay voluntad ni de la concesionaria ni de la aseguradora para finiquitar este compromiso, mismo que debió haberse hecho efectivo desde que se hizo el avalúo correspondiente, parece ser que como casi siempre ocurre con las aseguradoras, aplican la táctica del cansancio y del olvido, pero los vecinos de Villa Allende parecen resueltos a no permitir que una vez más los engañen con promesas y tácticas moratorias.


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