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Para la noche del grito en el parque Independencia de Coatzacoalcos, las autoridades municipales han implementado un operativo nunca antes visto, ya que cuando menos habrá cuatro filtros para el acceso a los ciudadanos que decidan estar presentes las noche del 15 de septiembre para celebrar un año más de la gesta heroica de la Independencia de México.

Ante un escenario donde el tema de la inseguridad ha permeado gran parte del estado de Veracruz, no están de más las medidas que está tomando la autoridad municipal, solo baste recordar sucesos como el ocurrido en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2008, época en que la delincuencia organizada había tomado el control en aquella entidad y que en plena celebración del grito, los delincuentes hicieron explotar una granada que cobró varias vidas humanas.

La confrontación entre la autoridad municipal de Nanchital que encabeza Brenda Manzanilla Rico, y José Emilio León Villa, titular de la Comisión del Agua de Veracruz (CAEV) en ese lugar, parece no llegar a su fin; primero fue el cobro de varios millones de pesos que la dependencia estatal le exigía al municipio, llegando incluso a cortar el suministro de agua en varias dependencias, después se habló de un convenio (mismo que al parecer no se ha firmado).

Ahora, la novedad es que la CAEV municipal le está exigiendo al ayuntamiento el pago por el “consumo” de agua en el Rastro municipal, cuando ese inmueble tiene años de no funcionar, por lo tanto no hay razón para que exista el consumo de agua. Lo cierto, es que al parecer no hay voluntad para llegar a un arreglo satisfactorio, mientras tanto, lo único que queda en evidencia es la falta de oficio político para construir vías de entendimiento entre los niveles de gobierno.

Una decisión sin duda dolorosa, fue la que tomó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en relación a tres funcionarios del gobierno estatal originarios de Coatzacoalcos, quienes con motivo de la entrega de apoyos a personas damnificadas en colonias al poniente de la ciudad, estuvieron promoviendo una asociación civil conocida como Yunete. Se trata de Rafael Jesús Abreu Ponce, ahora ex director de la CAEV en Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Férez, delegado de Patrimonio del Estado en el municipio de Xalapa, y Mauro Sánchez Pola, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste de Nanchital.

En el caso de Rafael Abreu, de inmediato a través de las redes sociales aceptó su responsabilidad, deslindando al gobernador de las acciones que se le señalan, lo cual según su dicho, lo hizo a título personal y afrontará las consecuencias que pueda haber, ya sea de carácter administrativo o penal, toda vez que la Fiscalía del Estado ha interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fepade, por lo que pudiera tratarse de un delito de carácter electoral.

Por cierto, se comenta que en breve se le dará posesión como nuevo director de la CAEV de Coatzacoalcos al actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Antonio Wilburn González, lo cual sería una sorpresa, sobre todo para los grupos de panistas porteños que habían estado peleando por ese puesto, incluso desde antes del nombramiento de Rafa Abreu. Será cuestión de horas para que se despeje la incógnita, pero todo parece apuntar a que esa responsabilidad recaerá en el empresario porteño.