Alfonso Pérez Daza
El enorme reto de la Fiscalía General de la Nación no se reduce al nombramiento de su titular, que aún está pendiente, ni a la publicación de una nueva ley, la procuración de justicia federal requiere de dos estrategias independientes, pero que se deben ejecutar de forma simultánea, una para continuar y concluir todas las averiguaciones previas que aún se tramitan con los jueces del proceso penal anterior, el proceso que es escrito, el que tarda muchos años en concluirse, para estos casos debe haber un grupo de servidores públicos que conozcan ese sistema y que no fueron o no quisieron ser capacitados para el nuevo proceso acusatorio y oral, ellos deberían sólo durar en sus trabajos durante la transición.
Pero renovar el personal de la Procuraduría General de la República no será tarea fácil, actualmente existe un servicio profesional de carrera que pretendió dar estabilidad laboral y un sistema de escalonamiento para los ministerios públicos, sin embargo, no se diseñó correctamente porque los mecanismos de evaluación y selección no garantizaron su profesionalización y menos su capacitación permanente, el resultado fue que dieron inamovilidad a los denominados ministerios públicos de carrera y ahora se requiere un procedimiento en forma de juicio para darlos de baja a pesar de que algunas ocasiones hay señalamientos de corrupción y de notoria ineptitud.
Actualmente esa institución la mantienen aquellos misterios públicos honestos bien preparados que han arriesgado su propia vida, cuya experiencia se debe aprovechar.
Por otra parte, para la nueva fiscalía no puede soslayarse el uso de la nueva tecnología que ha modificado profundamente nuestra realidad y pautas de comportamiento, los avances científicos son un hecho, la energía láser se utiliza en trabajos de tipo mecánico, en funciones de comunicación o de procesamiento de información, la biotecnología permite por primera vez la producción de organismos vivos con características predefinidas, la electrónica digital, la informática y las telecomunicaciones han revolucionado el procesamiento y transmisión de información, toda esta tecnología tiene que aprovecharse para las investigaciones que dirigen los ministerios públicos y ejecutan las policías, su misión es obtener las pruebas, los juicios orales impiden que se insista en presentar un caso con un parte informativo de policía judicial que redacta hechos cambiando lo que realmente sucedió, presentando un testigo aleccionado, obteniendo una confesión a través de la tortura, el nuevo sistema de justicia penal cerró la puerta a estas prácticas ilícitas, ya no puede el fiscal ganar un proceso penal así, necesariamente tiene que acreditar el delito con pruebas obtenidas de forma lícita, de ahí que se debe seleccionar nuevos servidores públicos con las aptitudes y conocimientos que requieren exponerse en las audiencias orales que se video graban y son públicas, donde no hay lugar para la improvisación o para quien no domina la ley ni conoce el caso a profundidad.
Es necesario que los agentes del Ministerio Público tengan conocimientos de teoría del delito, que sepan cuál es la estructura de un ilícito, sus formas de comisión y de intervención, ya que si ellos se equivocan, los jueces no pueden corregir los errores, la ley se los prohíbe. La fiscalía general de la nación no puede quedar en un cambio de denominación, la transformación debe ser profunda y en serio.
