Tenemos que hablar de la alerta sísmica
Salvador Camarena
El mejor momento mexicano del año pasado, ese que nos puso la piel chinita y nos sacó lágrimas, es el ejemplo insuperable de la facha que somos a nivel social.
La tragedia provocada por dos terremotos, el 7 y el 19 de septiembre, activó una respuesta ciudadana no sin precedentes (ahí está 1985), pero sí novedosa pues incluyó a generaciones que no vivieron/padecieron el gran sismo de hace 32 años.
Más allá de lo que vimos en las calles, la gente donó, de manera individual y colectiva, 3 mil 413 millones de pesos (*) para ayudar a la reconstrucción de inmuebles privados y públicos.
Y después de tan conmovedora efervescencia social tenemos la miseria. El miércoles el jefe de Gobierno de la Ciudad de México informó a los capitalinos que sensores sísmicos en Oaxaca no servían por un supuesto adeudo de 24 millones de pesos, insignificante cantidad si hablamos de los presupuestos que manejan un país como México o su capital. Es más, dejemos a un lado a los gobiernos: con lo aportado por la ciudadanía podría pagarse 142 veces esa cantidad.
Lo que Mancera no se atrevió a decir, sin embargo, es que si ese adeudo se cancela (ayer el gobernador de Oaxaca dijo que ya estaba todo arreglado), si volvemos a contar con todos los sensores desplegados en suelo oaxaqueño, estaremos muy lejos de poder decretar que las deficiencias de la alerta sísmica terminaron.
Tras los sismos de septiembre, los académicos Sara Hidalgo y Andrés Lajous realizaron una investigación sobre el sistema de alerta sísmica (SAS). Lo que publicaron en Nexos en noviembre (https://www.nexos.com.mx/?p=34379) al respecto es descorazonador o encabronante, o ambas cosas.
En el centro de todo el problema está el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC (CIRES), que es, por cierto, el organismo al que se supone le adeudaban los 24 millones de pesos arriba mencionados.
Ese instituto es responsable, antes que nada, de uso discrecional de información con respecto a por qué a veces suena, a veces no; dónde suena, dónde no; con cuánta anticipación (o tardanza) se escucha la alerta, y las maneras en que los ciudadanos no podemos recibir la alerta en aparatos que no dependan del CIRES.
El sistema es opaco y tiende a prácticas monopólicas, para acabar pronto. En palabras de Lajous e Hidalgo, tras 1985 construimos un sistema de alerta con “algunos límites técnicos”, pero sobre todo con “obstáculos establecidos por intereses concretos que no tienen como objetivo maximizar el tiempo y difusión de la alerta al público, sino mantener beneficios particulares, tanto del organismo encargado de implementar la alerta, como de varios medios que podrían mejorar su difusión”.
Los investigadores reportan que incluso y a diferencia de países como en Estados Unidos, si un ciudadano quiere crear su propio aparato receptor de la alerta le impedirán el acceso al código de la misma.
En resumidas cuentas, los autores determinan que para el terremoto del 19-S la alerta pudo haberse escuchado 11 segundos antes, y en más lugares, y por más medios. Si así hubiera sido, cuántas vidas se pudieron haber salvado, es la pregunta de Sara y Andrés.
Pero no, en vez de eso, hay un cuestionable organismo (CIRES) cuyos negocios ya habían sido denunciados por el periodista París Martínez, y gobiernos omisos. Eso es lo que impide que tengamos un mejor sistema de alerta sísmica, y lo que hace que vivamos a la buena de Dios rogando que suenen los altavoces.
Miento. El CIRES y los gobiernos no son el obstáculo. El verdadero obstáculo es nuestra incapacidad de hacer algo bien más allá del voluntarismo en medio de una tragedia.
* Cálculo publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado (06/01/18)
Twitter: @SalCamarena
