Agustín Basave
Pese al desprestigio (injusto) del gerundio, recurro a él porque es la forma del verbo que denota algo que ocurre en el instante en que lo decimos. Aquí y hoy, en el presente de México, la corrupción no se está combatiendo: se está administrando. Lo que existe es una magna simulación. El PRI-gobierno cedió a la presión de la sociedad y aceptó legislar el Sistema Nacional Anticorrupción para aparentar un acto de contrición y porque sabía que podía impedir que funcionara cabalmente. Con la astucia que lo caracteriza, introdujo en la letra de la ley los mecanismos necesarios para desvirtuar su espíritu. Ya he dado en este espacio el ejemplo de la trampa en el método de designación del fiscal general, a quien estará subordinado el fiscal anticorrupción: el Senado presenta al Ejecutivo una lista de diez nombres (de los cuales al menos cuatro serían escogidos por el #PRIERDE, es decir, el PRI más el Verde et al), de la cual el presidente elegirá a tres. Así, la terna que votarán los senadores estaría integrada por puros filopriistas. ¿O por qué cree usted que tiene tanta prisa el #priñanietismo para nombrar fiscales sin depurar el SNA y antes de las elecciones, en las que perderán su mayoría en el Congreso?
Hay más, desde luego. La conformación del Comité Coordinador del SNA con mayoría oficialista hace que el Comité de Participación Ciudadana quede maniatado. Esto se vio con claridad cuando Jacqueline Peschard, presidenta de jure del SNA, perdió por aplastante mayoría la votación de su propuesta para que se investigara el espionaje del que ella y varias personas más fueron víctimas. ¿Y qué se puede decir de la forma en que fue destituido el entonces titular de la FEPADE cuando investigaba la liga entre los sobornos de Odebrecht y la campaña presidencial de Peña Nieto, o de los grandes negocios de funcionarios y empresas en la obra pública que no aparecen en las auditorías, por citar solo algunos ejemplos?
Veamos lo que ocurre con los ex gobernadores corruptos. Si el candidato priista gana las elecciones de un estado gobernado por el priismo, el ex mandatario queda impune. Si gana la oposición y la presión de la ciudadanía es grande, la Procuraduría General de la República simula perseguirlo, su partido lo expulsa, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR acomodan su extradición para que se le juzgue en México por delitos menores, el Ministerio Público comete “errores” para beneficiar a su defensa de modo que el “ex” pase el menor tiempo posible en prisión. A menos, claro, que se trate del ex gobernador de Chihuahua porque con él, por misteriosas razones, el protocolo es más estricto: entra en juego la protección del líder del Senado, la retención por parte de Hacienda de dinero de los chihuahuenses, la resistencia de su partido a expulsarlo, la renuencia de la SRE y la PGR a extraditarlo y la presteza a darle un pitazo. Solo la movilización de la Caravana por la Dignidad logró doblegar al gobierno federal, que había dejado deja caer “todo el peso del águila” sobre el nuevo gobernador, Javier Corral, por atreverse a detener a un operador financiero de altos vuelos nacionales (alguien estrechamente vinculado al ex presidente del PRI, al ex secretario de Hacienda y al mismísimo presidente de la República, ni más ni menos), incluyendo la insólita creación de una fiscalía anti tortura para liberar al detenido mediante el montaje contra sus “torturadores”.
El nombre del juego es simulación. El PRI-gobierno administra la corrupción para fingir que la combate, hace malabares con los ex gobernadores, pesca unos cuantos charales para quitar presión social y dejar libres a los peces gordos (como está sucediendo en Pemex). Redobla la guerra sucia contra Ricardo Anaya y el Frente mientras protege a los verdaderos corruptos. Obviamente lo que quiere no es ir a la raíz del problema sino todo lo contrario, mantener incólume el pacto de impunidad. Es el show de los magos de la cleptocracia, que desaparecen sus trapacerías a los ojos de público, un show que se intensifica conforme se acerca la elección presidencial y se aleja en el sótano de las encuestas el candidato del Peña Nieto. Pero el auditorio es cada vez más exigente y ya no es tan fácil engañarlo. Por eso alrededor del 80 por ciento de los mexicanos ya no quieren al PRI, porque la gente se ha dado cuenta de que ese partido solo está administrando la corrupción para seguir beneficiándose de ella.
PD: El movimiento #JusticiaParaChihuahua y su Caravana triunfaron. Negar o desvirtuar esa realidad es propio de intereses mezquinos.
@abasave
