LA DENUNCIA DE LOZOYA, NOMBRES,
MONTOS, CUENTAS Y TESTIGOS
RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS
¿Alcanza usted a imaginar sobornos por 516 millones de pesos? Ese es, más o menos, el monto del cohecho que denunció Emilio Lozoya Austin ante la FGR, parte del cual —acepta— fue para su beneficio. Agregue a eso una multimillonaria suma, hasta ahora no cuantificada, de pérdidas para el erario, por contratos leoninos, compras fraudulentas de plantas chatarra y transacciones ilegales para el beneficio personal, el de amigos contratistas y el de grandes intereses políticos y económicos. Una operación criminal de escándalo, pues involucra a tres expresidentes, dos excandidatos presidenciales, dos gobernadores y al menos cinco exlegisladores del PAN y del PRI.
Es claro que el que acusa tiene que probar, como claro es que el acusado debe demostrar su inocencia. Es incontestable, además, que el acusador Lozoya Austin es un infractor confeso (así haya actuado por órdenes superiores y se haya acogido a criterios de oportunidad para atenuar su castigo); como incontestable es que ya denunció formalmente a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Luis Videgaray, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna, Ricardo Anaya, Osiris Hernández, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Caraveo Opengo y Carlos Salinas de Gortari.
Una trama de corrupción inaudita que, insisto, deberá ser probada, transcurre en las 64 hojas de la denuncia de hechos que la FGR recibió el pasado 11 de agosto, una copia de la cual fue misteriosamente filtrada y circuló profusamente en las redes sociales.
Una revisión de los montos señalados como sobornos por el exdirector de Pemex en su denuncia de hechos, lleva a las siguientes cantidades: Cuatro millones de dólares (40 millones de pesos a un tipo de cambio de diez por uno en 2012), entregados por Odebrecht para la campaña de EPN. De esa cantidad, 2.5 millones de dólares se usaron para pagar a once asesores electorales extranjeros, y 1.5 millones de dólares que se quedó Lozoya.
Seis millones de dólares (60 millones de pesos) que entregó en efectivo la contratista Fabiola Tapia Vargas, socia en México de Odebrecht, dinero que según la denuncia se utilizó para los sobornos ordenados por Peña Nieto y Videgaray para aprobar las reformas estructurales del Pacto por México, señaladamente la Energética. De ahí salieron 6.8 millones de pesos entregados a Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya, y la mayor parte de los 80 millones de pesos acordados con los exlegisladores panistas, recibidos por su operador, Rafael Caraveo Opengo.
84 millones de pesos, también de Odebrecht, para que el gobierno de Felipe Calderón aprobara el proyecto de Etileno XXI y 84 millones de pesos más para que el de EPN avalara su continuidad. Con estos últimos se completaron los pagos acordados con los exlegisladores panistas en lo que, según Lozoya Austin, ya se había convertido en una abierta extorsión; y se entregaron 32 millones de pesos a Álvaro Rivera, representante de Luis Videgaray quien entregó una parte a Luis Vega Aguilar, entonces secretario de Finanzas del PRI.
Y 152 millones de pesos adicionales que según Lozoya gestionó el propio Videgaray, sin precisar con quién, para saldar pagos y compromisos con otros funcionarios públicos. El exdirector de Pemex asegura que de ese monto entregaron el 15 de septiembre de 2014, vía Norberto Gallardo, 4.3 millones de pesos a José Antonio González Anaya, cuatro millones de pesos a José Antonio Meade y cuatro millones de pesos a Carlos Treviño Medina.
Las acusaciones de Lozoya contra Carlos Salinas de Gortari básicamente se centran en su cabildeo a favor de exlegisladores del PAN y de su hijo Juan Cristóbal en contratos de Pemex.
Muchos son dichos de Lozoya que tendrán que confrontarse con los dichos de sus acusados. Pero en la denuncia nombra testigos y refiere evidencias. Entre los primeros están: Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera su secretario particular; Francisco Olascoaga, su jefe administrativo en la dirección general de Pemex; Norberto Gallardo, exmiembro del Estado Mayor Presidencial que fungía como su jefe de escoltas; Carlos Roa Rodríguez, su coordinador de asesores y Edgar Torres Garrido, asesor. Y entre las segundas, presenta transferencias bancarias, números de cuenta y bancos, empresas off shore y al menos un video hasta el momento.
Instantáneas:
1. LOS ALUDIDOS. Casi la totalidad de ellos han salido a responder. Todos niegan las acusaciones y dicen que son venganzas y calumnias de un delincuente para salvarse.
Felipe Calderón se dice perseguido y acusa una venganza de AMLO. Ricardo Anaya demandó a Lozoya por daño moral. José Antonio Meade señala que son acusaciones sin pruebas y que está formalmente localizable para la autoridad. González Anaya considera que son actos desesperados de Lozoya ante los delitos que cometió. Carlos Treviño asegura que nada tuvo que ver con las reformas estructurales. Francisco García Cabeza de Vaca dijo que no permitirá que lo use electoralmente un delincuente como Lozoya. Y David Penchyna señala que no sobornó ni fue sobornado por nadie.
2. MISTERIO. La Fiscalía General de la República ya investiga de dónde provino la filtración de la denuncia de hechos de Lozoya. Niega que de ahí haya salido, así como lo niega la defensa del acusado. Es crucial que se sepa pues, de otro modo, está en grave riesgo el buen término de este proceso judicial.
