Estamos apenas en los prolegómenos del proceso electoral 2024, y los datos y acontecimientos hablan de que se ha decidido llevar el país a la orilla de un precipicio. Y quizá aventarnos por él.
En este momento es imposible vislumbrar un proceso electoral competitivo dentro de parámetros legales razonables. Todo indica que viviremos una contienda completamente al margen de la legalidad. Además, carecemos de un árbitro electoral competente, neutral y con la autoridad moral necesaria para conducir el proceso a buen puerto, en el que los ganadores lo habrán logrado en buena lid y los perdedores aceptarán el veredicto de las urnas.
Las denuncias de Marcelo Ebrard sobre el uso ilegal de recursos públicos en la campaña interna de Morena no sólo no han sido escuchadas y atendidas. La gira nacional que ha emprendido Claudia Sheinbaum es muestra de que la intención de Morena es acrecentar el uso de todos los recursos públicos para movilizar masivamente y obligar a poblaciones enteras a sufragar por el oficialismo. No puede haber lugar a dudas. El gobierno pretende chantajear a los votantes en situaciones de cautiverio por su pobreza y necesidad a votar por Claudia y los candidatos de Morena.
La denuncia de Ebrard quedará como una anécdota de un loco en Morena que pensó que la honestidad era una realidad, y no una quimera. La realidad es que el Congreso aprobará un presupuesto deficitario y con propensión al endeudamiento histórico con el único fin de financiar la compra masiva de votos y el despliegue de poderío propagandístico, junto con un chantaje explícito a la sociedad mexicana. El chantaje es simple: si no votas por Morena perderás cualquier asomo de bienestar. ¡O cooperas o cuello!
Así que la primera premisa de la campaña de Morena en pos de la presidencia es la disposición a usar todo el oro del mundo para ganar, para llenar todos los estadios, plazas y eventos de masas y más masas de personas.
Otra premisa es crear un ambiente de coacción e intimidación hacia la oposición. El uso de los ministerios públicos y los fiscales es para aterrorizar a los opositores. El caso del fiscal de Morelos es un buen punto de propaganda para intimidar a cualquiera. La pregunta que despierta es obvia: ¿si le hacen eso a un señor con fuero, qué me harán a mí?
Se lo hicieron a Ricardo Anaya en el 2018. Ya le están preparando la cama para Xóchitl y también para Taboada en el 2024. Así la oposición enfrenta la posibilidad de tener a sus dos principales candidaturas como indiciados o, incluso, en prisión preventiva oficiosa. A mayor abundamiento, Anaya tuvo que huir del país y ahí está el caso de Christian Von Roehrich, coordinador de los panistas, encarcelado y con un futuro carcelario de larga prospectiva.
AMLO usa el ministerio público para perseguir a quienes considera sus enemigos. Rosario Robles es otro ejemplo. La Fiscalía General de la República y la de la Ciudad de México son los brazos armados civiles represores del partido en el poder. No lo duden ni por un instante.
Acuérdense, ustedes de memoria corta: AMLO encarceló a Carlos Ahumada, un empresario argentino incauto y mal asesorado cuando divulgó que pagaba sobornos a altos funcionarios del gobierno capitalino de su gobierno. Lo encarceló en aquellas épocas. Y recientemente quiso extraditarlo a México, siendo Presidente de la República. Los odios, celos y rencores de AMLO le duran toda la vida.
Pero el escenario nacional se agrava, viendo la idea que germina en su quehacer político para el futuro. El nombramiento de Omar García Harfush como candidato para ocupar la segunda plaza más importante del país no es porque esté bien colocado en las encuestas. No. Es por quién es, por quién ha sido y por lo que representa. Esos datos seguramente incomodan un poco a AMLO, pero también le permite cerrar el círculo de sus aliados estratégicos hacia la construcción de un régimen futuro en México.
Harfush es el nudo gordiano que cierra el círculo de alianzas entre la comunidad de inteligencia y espionaje en el pasado y presente, representa la comunidad de control militar sobre la seguridad pública y ofrece continuidad de un diálogo fluido con sectores convenientes y útiles del crimen organizado en México, a pesar de la extradición de Ovidio.
O debido justamente a que se realizó ese “sacrificio” ante el altar de las exigencias del sacerdocio estadounidense. Es decir, es el representante por excelencia de las armas ante el poder político oficialista y confirma que la alianza estrecha con facciones del crimen organizado continuará en un hipotético sexenio de Sheinbaum.
No lo duden: un sexenio con Sheinbaum a la cabeza será, más bien, el de las fuerzas militares, no del poder civil. La Ciudad de México volverá a ser el cuartel general de la Presidencia, como lo fue siempre antes, durante y después del cuartelazo que mató a Madero.
Los militares estarán en control discrecional de amplias franjas del presupuesto público, pues el Tren Maya, su línea aérea, sus aeropuertos y las aduanas, además de los gastos de rutina de un ejército relevante, serán durante largos años los consumidores de enormes presupuestos para mantener negocios que no reportarán utilidades, ni rendirán cuentas públicas, por razones de “seguridad nacional”.
Pero no es cualquier fuerza militar. Es una que sostiene un diálogo y comunicación con el crimen organizado, principalmente el narcotráfico. Los datos recientes de la fuerza de trabajo empleada por el crimen organizado lo coloca como una de las empresas más potentes en México.
Según un estudio publicado recientemente, alrededor de 175 mil personas trabajan para los cárteles, y no es claro si esa cifra incluye a todos los grupos campesinos que producen los insumos para la producción de la droga, por ejemplo, y si incluye los empleados de los negocios legales que se emplean para el blanqueo de sus fondos.
Hipotéticamente esa fuerza laboral se incluye en el cálculo de la alianza que conformaría este nuevo modelo gobernante en México. Y si a esto se agrega a los Servidores de la Nación, que algunos calculan en una fuerza pagada por el gobierno de unas 500 mil personas, representa un bloque capaz de intimidar a cualquier persona que recibe un “dinerito” del gobierno.
El Estado está parcialmente puesto al servicio del proyecto de un nuevo régimen cívico-militar en México. Lo apoya el Poder Ejecutivo en pleno, una parte del Poder Legislativo y franjas del Poder Judicial. Sin embargo, dentro del Estado hay resistencias fuertes al copamiento y la colonización total de sus estructuras por Morena y su proyecto político. Por este conflicto, el Estado está en pie de guerra interna: unos apoyan que esté al servicio de Morena y sus socios en armas, y otros están para que se mantenga al margen de ese proyecto, considerándolo inconstitucional y completamente fuera de la ley.
En el proceso lo que se puede destruir es el mismo Estado. Unos quieren anularlo, mientras otros quieren reforzar la ruta de la Constitución y el Estado de derecho. La elección del 2024 está destinada a definir cuál de estos dos proyectos avanza, y cuál fenece ahí mismo. Ni más, ni menos.
POR RICARDO PASCOE
