- Proponen las diputadas Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro reformas al Código Civil del estado.
Redacción
Xalapa, Ver.
Dar cumplimiento a las obligaciones del estado de Veracruz en materia de igualdad y no discriminación para la erradicación de prejuicios motivados por la orientación sexual, al identidad y expresión de género y las características sexuales (OSIEGCS), sanción y reparación dentro del Código Penal local, atendiendo a la máxima protección de la dignidad humana.
Éste es el objeto de la Iniciativa presentada por las diputadas Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro, en la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Receso de este año, para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del estado en materia de delitos motivados por prejuicio contra las personas LGBTTTIQ+.
En su proyecto, las legisladoras señalan que ninguna norma, decisión o práctica de derecho dentro del estado puede disminuir o restringir, de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género, expresión de género o características sexuales reales o atribuidas.
Explican que el abordaje de la “violencia por prejuicio” atiende a una serie de características tomadas de un fenómeno social y no como un hecho aislado. Además, la violencia por prejuicio atiende a un fenómeno de impacto social y expresivo.
De acuerdo con sus proponentes, esta iniciativa es producto de la lucha de diversos colectivos de personas LGBTTTIQ+. Refieren la realización de dos mesas de trabajo los días 26 de mayo y 18 del presente mes, donde se presentaron las propuestas de reforma y adición a diversos artículos del referido Código Penal frente a colectivas e instituciones.
Por último, con base en los antecedentes y los resultados obtenidos, plantean que la iniciativa sea estructurada conforme al Principio de Progresividad, a la Obligación de interpretación evolutiva, a la Perspectiva de Género, al Enfoque Interseccional y al Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de garantizar su eficacia en la implementación.
Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Para la Igualdad de Género.
