- Convocan a impulsar políticas públicas que les garanticen trabajo
AGENCIAS
XALAPA
El diputado Omar Edmundo Blanco Martínez presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta a los tres órdenes de Gobierno, así como al sector empresarial de la entidad, para que fortalezcan e impulse políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
En su intervención en la Segunda Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, el legislador subrayó que lo anterior con base en lo dispuesto en el Artículo 21 de la Le y para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado de Veracruz.
El diputado enlistó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto a que en 2023 México registró aproximadamente 8.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo el 40.6 por ciento participa en alguna actividad económica.
“Esta desigualdad se vuelve aún más evidente al analizar las cifras por sexo; el 51.5 por ciento de los hombres con esta condición trabaja o busca empleo, mientras el 31.3 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral; lo cual refleja una doble barrera para este sector históricamente vulnerado”.
Agregó que, en Veracruz, estado con más de ocho millones de habitantes, el 8 por ciento de la población de cinco años o más viven con alguna discapacidad, lo que equivale a aproximadamente a 640 mil personas.
Indicó que de los más de siete millones de negocios que operan en el país, solo el 1.5 por ciento reporta contratar activamente a personas con discapacidad, siendo este un porcentaje incluso más bajo en el caso de las micro y pequeñas empresas.
Por otra parte, dijo que la magnitud del reto en materia de inclusión laboral aun es mayor, toda vez que las personas con discapacidad aun enfrentan barreras estructurales que les impiden acceder a un empleo digno y en igualdad de condiciones.
Precisó que el Artículo 21 de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad establece que los tres poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos deberán reservar al menos el 3 por ciento de las vacantes disponibles en plazas públicas para ser ocupadas por personas con discapacidad, siempre que estas cumplan con los requisitos técnicos y de aptitud necesarios para el cargo.
