Presentan pruebas en contra del juez cuarto de primera instancia Adalberto López Pozos, quien ya ha tenido quejas en su contra en diferentes partes del estado.
NADIA IVETTE CÓRDOBA LAGUNES
Coatzacoalcos, Ver.
Por presunta “corrupción” en el Juzgado civil cuarto de primera instancia de Minatitlán, afectados piden la destitución de su titular Adalberto López Pozos quien aseguran, en contubernio con Alma Patricia Arenas Granadillo secretaria de acuerdos, hacen de la justicia un “negocio”.
Santiago Burelo Toledo, trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Stephanie Joset Torres Ramos, ama de casa, representados por su abogado Rodolfo Zapata Carrillo, denunciaron una mafia en dicho juzgado al tiempo de mostrar publicaciones relacionadas con quejas en contra de Adalberto López Pozos no tan solo en Minatitlán sino en diversas partes de la entidad en donde se ha desempeñado.
En 2006 y 2011 abogados de Tuxpan y Poza Rica respectivamente, solicitaron la remoción de López Pozos por abuso de autoridad y tráfico de influencias. “Esta situación ya se salió de control por la obsesión y el dinero, por el hambre de robar, de extorsionar porque el licenciado Pozos, juez cuarto de primera instancia, ya viene teniendo antecedentes y desconozco por qué el Tribunal de Justicia del Estado a cargo de su presidente Alberto Sosa y del magistrado Raúl Pimentel no ha actuado”, indicó.
En este contexto, Zapata Carrillo insistió en el cese de quien actualmente es juez cuarto. “Es todo un delincuente y lo premian con cambiarlo de distrito cuando lo tienen que destituir y abrir una averiguación previa”, expuso.
NOTARIOS INVOLUCRADOS EN EL NEGOCIO
El 25 de noviembre del 2014, Marcela Santos Torres, esposa de Santiago Burelo Toledo, promovió un juicio ordinario civil por alimentos 2161/2014; el juez decreta un 60 por ciento con la presunción de un acta de matrimonio y pagos de recibos de agua, luz y teléfono.
Burelo Toledo es trabajador petrolero y está próximo a jubilarse con 33 años de servicio. “Quien es la abogada de la señora es la notaria pública 26 Nunky del Carmen Aguilar Olivera, que posteriormente me entero tiene negocios directos con el juez. El 60 por ciento lo decretó porque le plantearon que el señor ya se iba jubilado y se lo van a descontar de su liquidación por más de 30 años de servicio con un nivel alto, parte de ese recurso es para el juez”, anotó.
Mencionó que el acuerdo del 60 por ciento se da con fecha 3 de diciembre de 2014 ya que el proceso de jubilación tendría que concretarse en enero de este año, sin embargo debido a esta problemática, Burelo Toledo se vio en la necesidad de retrasar su jubilación.
Ante tal resolución el trabajador petrolero contestó la demanda demostrando el cumplimiento de una pensión alimenticia de 4 mil pesos quincenales para la parte demandante, además de que vive en una de sus propiedades aun cuando no hay hijos menores de por medio.
Dicha reclamación fue desestimada por el juez, por lo que se procedió a un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
“Es una forma de operar a través de la justicia, es una forma de delinquir usando el cargo. Yo presento estados de cuenta del banco y según él no tienen validez. La señora tenía una tarjeta de la cuenta donde me pagan y yo le dejaba 4 mil pesos quincenales para que ella lo retirara,en diciembre le dejo una parte de aguinaldo para que ella tenga dinero, no tenemos hijos menores, son mayores de edad, el varón trabaja en Telmex y la mujer en Pemex, son de planta ambos y a mí me dejan una pensión como si fueran menores de edad”, anotó.
Añadió que para la contestación de la demanda, se solicitó a la institución bancaria un informe sobre los movimientos de la cuenta del trabajador petrolero.
“No tomó en cuenta ninguna de sus pruebas ni estados bancarios, se había solicitado se girara oficios al banco para que informaran si habían depósitos bancarios pero no tomó en cuenta nada porque el señor sabe de antemano de la jubilación” puntualizó.
OTORGA DEPÓSITO JUDICIAL DE MENOR
Stephanie Joset Torres Ramos de ocupación ama de casa, pide justicia en relación a un depósito judicial otorgado por este juez con sede en Minatitlán. La fémina citó que en 2009 se divorció de Braulio Javier Salas Barrera padre de su hija de 10 años de edad.
El convenio de divorcio realizado en el juzgado segundo de primera instancia en Coatzacoalcos con expediente 1123/2009 establece que la custodia de la menor quedaría a cargo de Sthepanie Joset y que Braulio Javier conviviría con su hija en sus días de descanso en el trabajo en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, así como también una pensión alimenticia del 20 por ciento; el único deposito que ha realizado el padre de la menor por alimentos fue el 16 de marzo por un monto de 400 pesos.
A decir de la madre de la menor, el 17 de febrero procedió a una demanda en contra de Braulio Javier y la abuela paterna de la menor Yolanda Barrera Hernández, luego de que se negaran a entregarle a su hija. Fue hasta mayo cuando Stephanie Joset pudo ver a su hija una vez más; ya había una orden de aprehensión en contra de los antes mencionados, sin embargo el juez cuarto de Minatitlán ya había otorgado un depósito judicial.
Incluso -dijo-, en la escuela primaria Carolina Carreón de Nanchital, la directora Francisca Castillo Córdova autorizó la ausencia de la menor por meses. “Había estado con ellos el fin de semana y me die que le va a comprar una muñeca que se la va a llevar y bueno yo accedo por no tener problemas, se la lleva, me dice que vaya por ella a la escuela al siguiente día, fui a la hora de la salida y la directora no me dejó entrar; la niña no había ido a la escuela entonces fui a casa de la abuela, del tío y al no saber nada procedí a denunciar” expuso.
A decir del abogado, en este caso el “negocio” fue decretar el depósito judicial de la menor a cambio de una suma de dinero y es que aseguró no se hicieron las inspecciones necesarias para este proceso. “El negocio fue decretar el depósito con una suma de dinero y es para perjudicar a la persona de manera judicial y es para que la persona depositante tenga la guardia y custodia y tiene de manera legal a la niña mientras se determina mediante una sentencia la guardia y custodia”, puntualizó.
Cabe mencionar que ambos casos se relacionan con trabajadores petroleros de la zona sur.
