Aunque el síndico Martín Gracia aseguró que reclamarían ante las autoridades correspondientes las posibles irregularidades, después de un año todo quedó en ataque mediático
Rafael Meléndez Terán
Minatitlán, Ver.
A pesar de las amenazas mediáticas, finalmente Martín Gracia Vázquez, responsable jurídico del ayuntamiento de Minatitlán, poco pudo hacer para que se emprendieran acciones legales en contra de los responsables del desfalco en el que se recibió las arcas municipales la actual administración.
Hace un año ya cuando afirmó que “las peores administraciones municipales en Minatitlán son las de Guadalupe Josephine Porras David y Leopoldo Torres García porque dejaron deudas y problemas a tal grado que tienen ahorcadas las finanzas”.
Y aseguró que se toparon con una ola de deudas obligadas a pagar, y advirtió que se realizarían acciones legales, pero de esto nada ha ocurrido.
De laudos, ejemplificó, son solo 80 millones de pesos, que incluyen juicios ordinarios mercantiles y contenciosos administrativos perdidos, mismos que dejaron las administraciones pasadas y que tienen ahorcadas las finanzas municipales, recalcó.
“Pero sí vamos a reclamar ante las autoridades correspondiente posibles responsabilidades de los que estuvieron antes que nosotros”, de lo cual hasta este momento no hay respuestas tangibles.
Dejó claro que la intención de transparentar los ejercicios de las alcaldías anteriores no es solo tema mediático, “queremos que las autoridades nos determinen si se quedaron con el dinero o hicieron un mal ejercicio de ellos, pero esto será cuando los involucrados tengan que responder”.
En ese escenario, señaló que lo cierto es que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), ha determinado que en Minatitlán no hay daño patrimonial, “pero nosotros decimos que sí, porque no sabemos qué entienden por daño patrimonial, cuando Minatitlán tienen una deuda de 80 millones de pesos en juicios perdidos, actos de arbitrariedad y negligencia, no sé cuál es su concepto cuando resentimos esta gran deuda”, cuestionó en la entrevista.
Desde principios de agosto se esperaba contar con las pruebas necesarias para poder fincar responsabilidades entre quienes hayan incurrido en irregularidades, no en una persona en concreto, pero nada de eso ha ocurrido.
