Campesinos acusan de omisión a la Procuraduría Agraria para evitar que sus tierras sean expropiadas y entregadas a caciques y la Federación
Rafael Meléndez Terán
Minatitlán, Ver.
Los municipios de Acayucan, Oluta y Soconusco podrían carecer de agua, debido a la advertencia de campesinos de la sierra, de que en caso de que no se resuelvan litigios territoriales para evitar la expropiación de sus parcelas por parte de la
Federación, cerrarían la presa el Platanillo.
Integrantes del Comité Supremo de Pueblos Indígenas de San Pedro Soteapan argumentaron que no hay certeza legal en la propiedad de las congregaciones Nuevo México y Las Palomas, por lo que exigen rapidez en los procesos legales a la Procuraduría Agraria.
Señalaron que esta dependencia ha llevado con lentitud estos casos jurídicos para beneficiar al gobierno y algunos caciques de la sierra de Santa Marta.
Fidencio Fernández Carrera, representante de este organismo indicó que la Procuraduría Agraria no ha resuelto los litigios que promovieron para evitar que sus parcelas sean expropiadas por el gobierno federal.
Refirió que se encuentran estancados muchos de los litigios y denuncias que han interpuesto, tanto en las oficinas de Acayucan, como en San Andrés Tuxtla, lo cual mantiene en constante tensión a las comunidades.
“La Procuraduría Agraria, representada por Cirilo Rincón Aguilar, simplemente le ha servido al mejor postor, resuelve y vigila los intereses de quien tiene dinero para comprar la justicia”, denunció.
También denunciaron que en la cabecera municipal de Soteapan, los campesinos enfrentan problemas de despojos por parte de la Comisión Federal de Electoral (CFE), quienes quieren ocupar algunos predios para sus instalaciones.
Uno de los predios que están en litigio tiene 92 hectáreas, las cuales fueron entregadas por la Procuraduría Agraria, pero el dueño, Graciano Gutiérrez, tiene sus títulos parcelarios vigentes ante el ejido.
Otro de los problemas que mantienen es el de la comunidad llamada Las Palomas donde los ejidatarios se disputan un predio de 220 hectáreas, con el ganadero Malaquias Soto Pascual, quien tiene sus tierras en el municipio de Acayucan.
Refirieron que este predio fue expropiado por el gobierno federal y se espera la indemnización por la tierra, antes de que se salgan las 15 familias que aún se encuentran en la zona.
El mismo problema mantiene el poblado de Nuevo México, el cual se encuentra ubicado dentro de la zona núcleo de la reserva de Los Tuxtlas, la cual forma parte de la reserva de Biosfera.
En este ejido existe una disputa del gobierno y los campesinos por mil 700 hectáreas de la sierra, los cuales no pueden ser utilizados para la siembra, pero tampoco pueden contar con energía eléctrica y agua potables ya que se tienen que cuidar el ecosistema original, de acuerdo al convenio establecido con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
