El ex gobernador de Chihuahua, Jaime Agustín Fong, habría participado en desvío de más de 15 mdp en la administración de Duarte Jáquez
REDACCIÓN
Poza Rica, Ver.-
Recientemente un Juez de Control dictó auto de formal prisión o vinculación a proceso a Jaime Agustín Fong, sobrino del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a quien también se le sigue proceso por 10 delitos penales.
Fong habría participado en el desvío de 15 millones 600 mil pesos del erario público en la pasada administración, dinero que estaba destinado para la compra de un avión-ambulancia y que fue destinado a la campaña del candidato a gobernador de Chihuahua por Movimiento Ciudadano Cruz Pérez Cuéllar, " ya que Duarte quería que ganara cualquier candidato menos el del PAN".
La representación social detalló ante la Juez de Control que a través de la empresa "Consultores Empresariales Asociados del Golfo", con domicilio Fiscal en Poza Rica, Veracruz, hicieron la simulación del contrato SH/AD/095/2015 por medio de la Secretaría de Hacienda.
El supuesto convenio consistía en la prestación de servicios profesionales de análisis y evaluación de soluciones actuariales para optimizar el ISR, asesoría fiscal, contable y jurídica, por medio de los cuales, la Secretaria de Hacienda le autorizó el 3 de julio del 2015, la suficiencia presupuestal de 12 millones de pesos para dicho contrato, cantidad que se entregó en febrero de 2015.
Posteriormente, el 7 de septiembre del 2015, hubo una ampliación presupuestal por 3 millones 600 mil pesos, que se entregaron en abril de 2016.
Para lo cual, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual estaba a cargo del ex diputado suplente del PRI, Antonio Tarín, actualmente detenido y vinculado a proceso por el delito de peculado agravado, emitió un dictamen de excepción y acta de adjudicación directa en favor de la mencionada empresa.
Jaime Agustín Fong era propietario de empresas proveedoras de gobierno del estado, trabajaba en el Consejo Ejecutivo del PRI en México, y era el intermediario para tener el contacto con las empresas a través de las cuales se simularon procedimientos administrativos para la extracción de recursos públicos.
