Sefiplan tendrá que pagar a los pasivos que dejó Duarte a 6 Ayuntamientos.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobierno de Veracruz entregar los recursos federales que la administración de Javier Duarte de Ochoa dejó de repartir a siete municipios del estado durante el año 2016. Durante la sesión del Pleno de la Corte, los ministros concluyeron el análisis de una controversia constitucional promovida por el municipio de Jalcomulco, Veracruz, contra la falta de entrega de los recursos provenientes del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio de 2016. Los ministros ordenaron al Poder Ejecutivo de la entidad entregar el recurso en un plazo no mayor a 90 días. Asimismo, deberá pagar las cantidades correspondientes a agosto y septiembre de 2016 más intereses que dejó de entregar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. También fue condenado al pago de los intereses del mes de septiembre de 2016 del Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, porque se comprobó que los entregó de manera extemporánea. Además de la controversia promovida por el ayuntamiento de Jalcomulco, otros seis municipios acudieron a la Corte a reclamar el pago de los recursos federales que no recibieron durante 2016. Los asuntos estaban programados para ser resueltos este jueves en el Pleno, pero los ministros decidieron retirarlos para que, con base en los criterios establecidos, sean resueltos en Sala. Los municipios que promovieron esas controversias son Chiconamel, Jesús Carranza, Tlalnelhuayocan, Fortín, Tezonapa y Lerdo de Tejada La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó al gobierno de Veracruz entregar al municipio de Jalcomulco en un máximo de 90 días recursos de dos ramos 033 del Presupuesto de Egresos de la Federación pendientes de agosto y septiembre del 2016. Durante la sesión de este jueves, la SCJN resolvió la controversia constitucional 135/2016, y determinó al gobierno entregar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y el Fondo para el Fortalecimiento Municipal. El gobierno además tendrá que pagar los intereses generados por pagar los fondos de forma extemporánea.
