Agencias / Ciudad de México (EL UNIVERSAL).- Trabajadores del Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Torreón Coahuila, manifestaron que elegir a los juzgadores por voto popular no es la solución a los problemas que se presentan en la impartición de justicia.
"Esperamos se realice una reflexión verdadera… entendiendo que llevaremos a cabo las acciones que estimemos convenientes a fin de salvaguardar la independencia judicial, que garantice la protección de los derechos humanos y la paz de nuestra República", señalaron los trabajadores en un posicionamiento.
También rechazaron las opiniones realizadas por Jesús Gilberto González, secretario general del Sindicato de los Trabajadores, respecto a que no se afectarán derechos laborales.
Además, se separaron de la postura de la ministra Lenia Batres respecto a que los titulares son electos por el consejo, así como de la ministra Yazmín Esquivel en razón de haber solicitado la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en general de las opiniones sesgadas y que ofenden el trabajo que se realiza en los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, vertidas en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial.
"Estamos convencidos y convencidas que en los términos que está propuesta la reforma que el voto popular de personas juzgadoras federales no sólo vulnera nuestros derechos laborales de permanencia y acceso a la carrera judicial, también pone en riesgo la independencia judicial, la división de poderes y el Estado de Derecho.
"Somos personas juzgadoras en potencia, estamos en desacuerdo en que los diálogos nacionales sobre la reforma judicial se han centrado en prestaciones legales y logros sindicales; sin embargo, no se debe pasar por alto nuestro derecho de ascenso (escalafón) pues lo que se propone destruye el fin último de la carrera judicial al dejar de considerar la experiencia, especialización, antigüedad capacidad y preparación académica", detallaron los servidores públicos.
Advirtieron que al quitar la carrera judicial y el derecho humano a acceder a los cargos públicos en igualdad de condiciones, quitarán uno de los principales incentivos para soportar altas cargas laborales.
"Tenemos la seguridad de que elegir a las personas juzgadoras por voto popular no es la solución a los problemas que se presentan en la impartición de justicia. esperamos se realice una reflexión verdadera sobre los puntos abordados", remarcaron.
