Se registraron 821 víctimas, mientras que en la gestión de Enrique Peña Nieto sólo fueron 105, lo que representa un aumento de 716 mujeres, un total de 682%.
EL Universal
CIUDAD DE MÉXICO
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) documentó que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, de 2019 a septiembre de 2024, se registraron 821 víctimas, mientras que en la gestión de Enrique Peña Nieto sólo fueron 105, lo que representa un aumento de 716 mujeres, un total de 682%.
La comisión explica que estas agresiones fueron de índole económico, físico, patrimonial, sicológica, sexual; incluso fueron agredidas o amenazadas de causarles daño con ácido u otras sustancias inflamantes similares a la gasolina.
De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019 se reportaron 65 casos de violencia contra mujeres; en 2020, 115; en 2021, 131; en 2022, 179; en 2023, 272; y de enero a septiembre de 2024 hubo 59 registros.
En el sexenio del mexiquense Enrique Peña Nieto se documentaron dos casos en 2013; tres en 2014; cinco en 2015; dos en 2016; 32 en 2017 y 61 en 2018, refieren las estadísticas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL.
Expertas señalan que los datos reflejan que se falló en la estrategia de proteger a las mujeres y no hubo un abordaje integral para lograr cambios reales con enfoque de derechos humanos.
Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios (RNR), considera que los datos reflejan un error en el abordaje integral para lograr cambios reales con enfoque de derechos humanos, interseccional, de igualdad en la protección y seguridad de todas las mujeres y niñas.
La Red brinda espacios de protección, atención integral y especializada para mujeres con sus hijas e hijos en situación de violencia de género.
"Un reto que tiene el próximo gobierno y no debe de olvidar… Hablar de derechos humanos es hablar de presupuestos garantes, hablar de eliminación de las violencias es hablar de erradicar las desigualdades y discriminaciones que viven todas las mujeres, niñas y adolescentes.
"Hablar de un país transformador es hablar de un país democrático e igualitario para todas las mujeres y niñas", resalta Figueroa Morales en una entrevista con EL UNIVERSAL.
La activista argumenta que la violencia, al ser estructural y sistemática, debe analizarse y abordarse de la misma manera y que el aumento de las violencias es un problema multifacético que refleja la impunidad, que manda el mensaje a los agresores de que no pasa nada si asesinan o atacan a una mujer.
Lo que se suma a las normas culturales que perpetúan la desigualdad de género y el machismo, que contribuye a que la violencia contra las mujeres sea socialmente naturalizada y, por ende, tolerada.
"A lo anterior se adiciona la accesibilidad a sustancias corrosivas, como ácidos, que incrementa la incidencia de estos ataques si no hay regulaciones estrictas para su venta y manejo", refiere la directora de la Red Nacional de Refugios.
Señala que el aumento de las violencias es el resultado de una deuda histórica que tiene México en su erradicación, tanto en este sexenio como en los anteriores.
La sicóloga y feminista expresa que los gobiernos se han dedica- do a administrar las violencias contra las mujeres, cuyas acciones y la de sus instituciones están más enfocadas en gestionar o controlar la situación de manera superficial, en lugar de implementar soluciones efectivas para erradicarla, que pongan en el centro a este sector, así como presupuestos garantes y progresivos.
Wendy Figueroa subraya que, en México, sobre todo en este sexenio, las instituciones encargadas de atender la violencia de género están subfinanciadas, lo que limita su capacidad para ofrecer apoyo efectivo a las víctimas o para implementar campañas amplias de concienciación y educación.
Así como los presupuestos endebles a programas clave, como el de refugios, o las reducciones al programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
"El presupuesto continuará actuando como factor reproductor de las desigualdades de género y contribuirá a que persista y, probablemente a que se agrave la situación desfavorable de las mujeres en la sociedad, incluyendo, por supuesto, las violencias contra ellas", remarca.
Por su parte, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), refiere que dan seguimiento a alertas de violencia de género en varios estados, como Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Nuevo León y Chiapas, y explica que un problema que tienen son los bancos de datos.
Detalla que las autoridades deben capacitarse para que estén suministrando datos a las diversas dependencias no sólo estatales, sino también municipales.
"Es importante que estén los registros desde la policía municipal, de los institutos, porque las cifras son una dificultad… la violencia es muy grave y lo vemos muy claro en los feminicidios, porque la autoridad determina en qué momento sube el registro a la base de datos del sistema.
"Pero realmente no sabemos del proceso judicial, desconocemos cómo va el caso… Entonces, son varias dificultades; en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador no disminuyeron las violencias en general", precisa la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
