Agencias
Ciudad de México
Por unanimidad, el Senado aprobó la legislación secundaria sobre el sistema ferroviario, encaminada a que el Estado recupere el control de esa industria estratégica e impulse el transporte de pasajeros por tren y fortalezca el de carga.
La reforma responde a la necesidad de modernizar la red ferroviaria mexicana, considerada insuficiente para atender los desafíos de movilidad y conectividad del siglo XXI, se destaca en el dictamen.
La minuta fue avalada con 107 votos a favor y fue turnada a la presidencia de la República, para su promulgación.
La legislación modifica diversos ordenamientos: la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de consolidar una visión integral y de largo plazo en materia de movilidad, sustentabilidad y desarrollo económico, expuso la senadora de Morena, María Martina Kantún Can.
Al presentar el dictamen, expuso que los cambios a esos cinco ordenamientos es otorgar mayor participación al Estado, lo que no sólo representa una alternativa de movilidad segura, sino que también tiene un impacto directo en la cohesión social.
Aclaró que no se cancelan concesiones ni se expropia ni vulnera los derechos adquiridos por el sector privado, pero es un esfuerzo por revertir la desarticulación del sistema ferroviario provocada por las políticas neoliberales de décadas pasadas.
Por su parte, a senadora del PT, Yeidckol Polevnsky (PT), consideró que es una causa de justicia social, ya que el transporte ferroviario es también salud, integración y soberanía energética.
Igualmente, el senador del PVEM, Waldo Fernández, consideró de gran relevancia que esa legislación revierta la privatización de los ferrocarriles que impulso el expresidente Ernesto Zedillo. Afirmó que esta reforma alinea al país con el nearshoring y los compromisos del T-MEC: “Será clave para convertir a México en el hub logístico de América del Norte”.
Por su parte, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, consideró positiva la reforma, pero exigió reglas claras en materia de concesiones y transparencia total en los proyectos.
La legislación crea de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un nuevo organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que coordinará y fomentará el desarrollo del transporte ferroviario y multimodal en el país.
Otro de los cambios es la facultad del Estado para asignar directamente a empresas públicas los proyectos ferroviarios de carga y pasajeros. Las asignaciones serán indefinidas, no transferibles y los bienes desarrollados pasarán automáticamente a formar parte del patrimonio nacional, incluidos patios de maniobra, estaciones y centros logísticos.
En la exposición de motivos se hace notar que actualmente, el transporte ferroviario representa apenas el 19 por ciento del volumen total del transporte terrestre, situación que limita su potencial logístico, económico y ambiental.
En este contexto, la reactivación del transporte de pasajeros y la expansión de rutas en distintas regiones se consideran estratégicas para dinamizar el mercado interno, generar empleos y detonar el desarrollo regional.
