La Cámara Baja firmó un convenio de colaboración para que el CIDE elabore un estudio sobre la actualización del marco normativo y organizacional en transparencia y acceso a la información.
Suzzete Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO
Viáticos, dieta, apoyos legislativos y para transporte, honorarios, prerrogativas destinadas a legisladores —incluidos vehículos y celulares—, todo deberá ser transparentado en la Cámara de Diputados con el nuevo sistema que realiza ad hoc el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Será una “pequeña revolución”, asegura Sergio López Ayllón, director general de dicho instituto.
La Cámara Baja firmó un convenio de colaboración para que el CIDE elabore un estudio sobre la actualización del marco normativo y organizacional en transparencia y acceso a la información, para adecuarlo a la nueva ley de Transparencia, con un costo de 3 millones 400 mil pesos, pagaderos en dos exhibiciones de un millón 700 mil pesos.
El estudio incluye reformas al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados y una propuesta de los flujos de generación, validación, uso, destino, almacenamiento y disposición de la información a transparentar.
En San Lázaro destinaron otro millón y medio de pesos para modernizar la página de transparencia, en colaboración con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).
El programa de trabajo elaborado por el CIDE consiste en actualizar el reglamento de transparencia de la Cámara, pues el actual “cuenta con figuras que no existen y debe atender criterios emitidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai)”.
El especialista en temas legislativos de la UNAM, Khemvirg Puente Martínez, opinó al respecto que con el apoyo del CIDE, la Cámara de Diputados podrá transitar de la opacidad a la transparencia.
Pequeña revolución: CIDE
El director general del CIDE, Sergio López Ayllón, explica que con la aprobación de la ley los grupos parlamentarios se verán obligados a transparentar las famosas subvenciones, por lo que aun cuando se nieguen a hacerlo, por ley serán obligados.
“Por más renuentes que sean, la ley lo establece con toda claridad, es justamente el trabajo técnico el entender que cada grupo parlamentario la ejercía de manera diversa, pero ahora debe haber un procedimiento que permita no sólo reglamentarlo sino que la información se genere, es una pequeña revolución al interior de la Cámara, porque implica entrar a zonas que tradicionalmente habían estado sin regulación, donde cada grupo tenía prácticas diferentes”.
López Ayllón refiere que desde un inicio se dio una buena disposición de trabajar en la materia, pese a que para algunos les ha sido complicado transparentar elementos que tradicionalmente no se hacían, aunque el problema se ubica en la resistencia de cómo generar la información, que en hacerlo.
“Existe un problema organizacional más que uno de resistencia, esto porque hay muchas visiones, puesto que la Cámara es un órgano plural, con muchos cuerpos colegiados, en donde todos opinan. Es muy complejo, no es una tarea sencilla, porque implica operar procesos que no estaban en el mapa de acción de la Cámara”, añade.
El contrato firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano Grijalva (PRD), y por el secretario general del CIDE, Juan Manuel Torres Rojo, señala que la Cámara de Diputados debe elaborar un nuevo régimen jurídico que sea viable y eficaz, el cual debe ir acompañado de la revisión de procedimientos administrativos y el diseño de nuevas estructuras organizacionales.
La multiplicación de las obligaciones y eficientar los recursos. “Se trata de hacer de la Cámara de Diputados un ejemplo en la materia”, según el convenio.
De igual forma, pretende identificar los flujos de información para el cumplimiento de las nuevas obligaciones de transparencia, con la intención de asegurar una adecuada operación del reglamento, un adecuado diseño del portal de transparencia y su compatibilidad con los estándares que determine la Plataforma Nacional de Transparencia.
El acuerdo obligó a crear un equipo de trabajo interdisciplinario que se coordinó con el personal del recinto legislativo, integrado por académicos del CIDE, la UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas) y expertos independientes; así como, capacitar a los servidores públicos de la Cámara y a los diputados interesados en el tema o su personal a través de un diplomado.
Se apuesta a diseñar un modelo de organización para las fracciones parlamentarias, toda vez que el artículo 13 transitorio obliga a las bancadas a homologar sus flujos de información, a tener un modelo de organización administrativo idéntico para todos. “El CIDE elaborará un modelo organizacional mínimo para los grupos, que deberá ser adaptable a las diferencias que existen entre ellos”, señala el documento.
Transparentar, la apuesta
El nuevo modelo obliga a transparentar también informes de gastos de los apoyos parlamentarios (asistencia y atención ciudadana), prerrogativas, los informes semestrales de ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mesa Directiva, comisiones y comités, grupos parlamentarios, órganos de investigación y cualquier unidad administrativa, entre otros.
El único apartado opcional es el de la declaración de intereses económicos, financieros, actividades profesionales y empresariales; así como su declaración de impuestos, cuando así lo hayan determinado los legisladores.
Khemvirg Puente vio positivo que los diputados federales acudan a instituciones con experiencia para tomar decisiones mucho más informadas.
“Es inevitable cumplir con la ley y por eso es que tarde o temprano los diputados tendrán que acostumbrarse a que su actividad sea completamente transparente. En la experiencia pasada ha habido resistencia, ahora no la veo”.
El director general de Integralia Consultores y ex presidente del extinto IFE, Luis Carlos Ugalde, dijo que los diputados se han resistido durante años a transparentar las subvenciones, y vaticinó que de entrada se resistirán.
Sin embargo opinó que gradualmente tendrán que cumplir. Calificó como positivo que pidan opinión, aunque lo verdaderamente relevante es que cumplan la ley.
“No era necesaria una ley para transparentar las subvenciones, ya estaba contemplado desde la ley previa que tenían que hacerlo, pero se han resistido hace muchos años, y esta nueva legislación establece con más precisión y de forma literal que deben hacerlo”, dijo.
