Aborto: Patricia, historia de su criminalización

La joven afirma que se violaron sus derechos en el estado de Veracruz; el caso es analizado por la SCJN para resolver un amparo de inconstitucionalidad contra el Código Penal estatal que sanciona la pérdida del producto.

Cristina Pérez-Stadelmann
CIUDAD DE MÉXICO

¡Bésalo y pídele perdón por haberlo matado, por haber matado a tu propio hijo!, le ordenó una enfermera a Patricia.

Era el 26 de marzo de 2015, día en que la joven de 19 años ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Veracruz para ser atendida por un caso de aborto.

“Yo venía saliendo de la anestesia después del aborto y recuerdo que la enfermera primero me hizo firmar un papel a la fuerza, y luego me acercó una masa ensangrentada que no tenía forma... no se fue hasta que besé lo que ella aseguraba era mi hijo, esa masa que ella aseguraba era mi hijo”, cuenta Patricia.

“¡Tú no mereces atención de ningún tipo. No pidas nada. No te atenderemos!”, sentenció de nuevo la enfermera antes de irse.

Lo que siguió aquel jueves en la sede del IMSS en Veracruz, fue el grito de sus vecinas de cama que le recriminaban que hubiera abortado.

“¡Asesina!”, le dijeron más de una vez, mientras la rodeaba el Ministerio Público, la directora del hospital y la ginecóloga.

“Hoy, mis hermanos, amigos y familia se enterarán de una vez por todas lo que realmente ocurrió conmigo, estoy harta de ocultarme, de ser señalada, de que me criminalicen, de que la sociedad me juzgue. Lograron que abandonara mi estado, que truncara mis estudios y tenga que comenzar mi carrera de cero ahora en Guanajuato, por eso doy la cara y salgo a decir mi verdad. Yo tengo una voz. Yo tengo capacidad para decidir sobre mi sexualidad, mi maternidad y mi cuerpo, nadie tiene el derecho de juzgarnos sin saber realmente por qué tomamos ciertas decisiones. Lo que me pasó a mí no puede continuar ocurriendo con las mujeres del estado de Veracruz”, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL.

La historia de lo vivido por Patricia se remonta a diciembre de 2014. Todo comenzó con un dolor en los senos y estómago, por lo que acudió al IMSS. Cursaba el cuarto semestre de la carrera en Administración de Empresas en la Universidad Veracruzana. Luego de una espera de cuatro horas recibió un diagnóstico de gastritis y colitis y una receta para que adquiriera un medicamento durante un mes.

“El médico nunca me preguntó la fecha de mi última menstruación, tampoco si tenía relaciones sexuales, no observó el porqué del dolor que yo sentía en mis senos, sólo me recetó el medicamento para la gastritis y seguí sus instrucciones”, explica Patricia.

Viajó a la casa de su madre, a seis horas de distancia del puerto y continuó con su vida normal. Su periodo menstrual siguió normalmente de diciembre a febrero y en marzo tuvo un retraso de cuatro días, por lo que se hizo una prueba de embarazo que resultó positiva.

“Le hablé a mi pareja, le conté lo ocurrido y se negó a apoyarme. Yo tampoco quería casarme con él ni mucho menos tener un hijo. En la desesperación ingerí una pastilla para úlcera gástrica”.

A las cuatro de la mañana comenzó a sentir fuertes dolores, sangrado y tuvo que acudir, con una amiga de la universidad, al área de emergencias. Después de cuatro horas de espera el médico le preguntó cuántos meses tenía de embarazo. Patricia no lo sabía.

“A partir de ese momento todo fue violencia contra mí, comenzaron los gritos, las recriminaciones, me dijeron que lo que había hecho era muy grave, le llamaron al Ministerio Público. Preguntaron dónde había comprado la pastilla, el nombre de la farmacia, preguntaron el nombre de la amiga que me llevó a urgencias, la acusaron a ella de haberme inducido a abortar. Le llamaron a mi novio, a su familia. Mi novio se comunicó con mi madre, a ella le dijeron que yo podría entrar a la cárcel por haber abortado, todo esto mientras mi salud estaba en riesgo”, describe la joven, actualmente de 21 años.

Estuvo jueves y viernes en el hospital vigilada por el Ministerio Público y su equipo, y el sábado recibió instrucciones para que se practicaran diversos exámenes que llevarían a aclarar lo que realmente ingirió.

“Después, en el Semefo me lo entregaron en una hielera para que lo enterrara. Viví el infierno durante dos días en ese hospital”, relata Patricia.

La organización Las Libres en Guanajuato y la Clínica de Interés Jurídico, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) decidieron llevar lo que consideran un grave caso de criminalización contra una mujer en el estado de Veracruz.

Patricia tuvo que dejar el estado, hoy vive en Guanajuato y ha retomado su carrera mientras continúa el juicio legal. Este podría ser el primer caso que se discuta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque interpuso un amparo promoviendo la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Penal de Veracruz, que definen el delito de aborto.

Su caso fue expuesto durante los días 29 y 30 de junio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la jornada Veracruz, la Ley que Criminaliza a las Mujeres.

Sobre este caso, el jurista Diego Valadés considera que con Patricia se cometió una violación a sus derechos y a su dignidad, lo que la lleva a ser acreedora a una reivindicación por parte de las autoridades que incurrieron en estos hechos. Son muchas las mujeres, no sabemos cuántas, las que son objeto de tratos discriminatorios y ofensivos y sus casos quedan sin ser identificados y, por tanto, sin ser remediados.

Patricia había roto su relación con su pareja. Tenía 19 años y ha expresado públicamente que su novio era muy abusivo; esto significa que probablemente aunque ella hubiera querido cuidarse, él no accediera a esto. Ella no estaba deseando tener un hijo, quería una relación de pareja, desarrollarse profesionalmente y tenía un compromiso moral con su madre que hacía un gran esfuerzo para que su hija asistiera a una universidad en el puerto de Veracruz. Su vocación por el estudio era genuina y finalmente hay que respetar lo que cada quien se plantea en la vida. “Están dados todos los elementos respecto a la clara definición de su vocación, de sus objetivos y su responsabilidad ante su propia madre y su rechazo a la pareja que no la trataba bien”, sostiene Valadés.

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ANOTADO
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Sancionará IMSS
a enfermera

La enfermera acusada de obligar a la joven a besar los restos de su hijo después de un aborto sigue trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social pero está siendo investigada, informó el delegado en la zona norte del estado, Antonio Benítez Lucho.

Comentó que se inició un proceso administrativo para sancionar a esta enfermera en caso de que se compruebe que las acusaciones que se hicieron fueron ciertas.

“A partir del viernes pasado se llevara a cabo una investigación para revisar en este caso lo que dice la paciente y después de 30 días como lo marca la ley federal del trabajo vamos a tener un resolutivo y aclaro en este caso me parece que el Instituto ese es el reto tratar de mejorar para que no sucedan estas cosas”, indicó.

Benítez Lucho sostuvo que existe un protocolo para las investigaciones y sanciones en caso de denuncias de malos tratos hacia los pacientes.