Agencias
Brasilia, Brasil
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado mayo, se preparó ayer para la comparecencia de este lunes en el Senado, en la que se defenderá en persona en un último intento de evitar su inminente destitución.
Ésta será la primera vez en la que Rousseff acude al Parlamento desde que comenzó el trámite del juicio político en su contra, el pasado diciembre, para refutar los cargos de los que se le acusa, una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales de 2015.
Esas supuestas irregularidades se refieren a tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y al atraso en depósitos a la banca pública, lo que –según la acusación– equivale a la concesión de créditos al Gobierno, algo que está vedado por la Constitución brasileña.
La acusación considera que esas operaciones suponen un "delito de responsabilidad", que la Constitución contempla como un motivo para la destitución de un jefe de Estado, pero la defensa niega cualquier irregularidad y argumenta que todos los presidentes de la era democrática hicieron maniobras similares.
La suerte de la primera presidenta de Brasil está en manos de 81 senadores, y si 54 de ellos, dos tercios de la Cámara Alta, votan a favor de su destitución, perderá el cargo, que pasaría a manos del que era su vicepresidente, Michel Temer, quien ejerce la jefatura del Estado de forma interina desde el 12 de mayo.
