*Existe una cartera muy amplia de programas sociales mal planeados pero que dan la oportunidad de generar rendimientos políticos.
El Universal
Ciudad de México
En México hay 5 mil programas federales y estatales enfocados a terminar con los rezagos sociales y abatir la pobreza, los cuales no funcionan porque tienen problemas de diseño, están fragmentados y dispersos, no tienen continuidad y tampoco se complementan.
El resultado es una cartera muy amplia de programas sociales que no van a lograr abatir la pobreza pero dan la oportunidad de generar rendimientos políticos y electorales para los actores políticos encargados de promoverlos, lamentaron los investigadores Cinthia Michel y Guillermo Cejudo durante el cuarto foro del seminario Federalismo Constitucional Mexicano.
Guillermo Cejudo, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e investigador de la División de Administración Pública de esta institución, especializado en evaluación de políticas públicas, explicó que existen más de 5 mil programas federales y estatales para abatir la pobreza.
De ellos, 2 mil 333 son federales y muy ambiciosos como Prospera, pero también hay 2 mil 692 programas locales, algunos de los cuales son muy pequeños, por lo que tienen menos de mil beneficiarios o presupuestos menores a un millón de pesos.
Pero el hecho de que exista esta cantidad de programas no implica necesariamente que haya avances en la resolución de problemas que se plantean, puesto que la mayoría de ellos ni siquiera están planeados.
Por ejemplo, sólo 20% de los programas estatales y municipales tienen reglas de operación para indicar a qué población se atiende, para qué y cuál es la problemática que se pretende abatir, por lo cual no es posible saber qué hacen ni medir si tienen impacto.
En el caso del Gobierno federal, la mayoría de los programas tienen reglas de operación; sin embargo, también tienen sus problemáticas específicas.
Por ejemplo, existen 80 programas que tienen el objetivo de abatir carencias sociales; sin embargo, 50% de ellos están concentrados en abatir la carencia de ingresos (una sola de las seis carencias mediante las cuales se mide la pobreza) además de que son apoyos similares dirigidos a poblaciones similares, por lo cual resulta mínima la contribución real que tienen para avanzar en esa carencia.
"Se generan vacíos interinstitucionales en los programas… incluso con coordinación y coherencia, no se podría resolver el problema de la pobreza", explicó Cinthia Michel, investigadora del CIDE especializada en Administración Pública.
Uno de los problemas más graves es que no están descritas las competencias, esto quiere decir que las leyes mexicanas no son claras en determinar a qué instancia de Gobierno corresponde responder qué problemática.
Esto afecta porque cada Gobierno (municipal, estatal o federal) termina eligiendo qué problemática quiere atacar, elección que se hace no necesariamente con base en una aspiración de terminar con alguna problemática en el largo plazo o darle continuidad a alguna política pública, sino con incentivos meramente electorales.
"Son programas que no se refuerzan ni se complementan, políticas intergubernamentales sin corresponsabilidad. Hay una obsesión por obtener rendimientos políticos electorales", sentenció.
