(AVC)
Ciudad de México. Un rancho de lujo con caballerizas y suites incluidas, localizado en Valle de Bravo, Estado de México, donde el ex gobernador Javier Duarte y su familia vacacionaban, fue comprado y remodelado con más de 200 millones de pesos desviados del presupuesto de las secretarías de Educación y Salud de Veracruz.
El dinero, según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), fue triangulado a través de múltiples empresas fantasma.
Tanto la PGR como la Secretaría de Hacienda presentaron ante un juez federal, una acusación en la que se identifica a Javier Duarte como “jefe de una estructura criminal” en la que participaron al menos ocho personas más, diseñada con el fin de lavar dinero público.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público y debatidas en una audiencia ayer domingo –que se extendió por casi siete horas–, fueron consideradas suficientes por un juez para abrir el juicio contra las dos mujeres detenidas la semana pasada por sus presuntos vínculos con las empresas fantasma de Duarte.
La acusación incluye el testimonio de Alfonso Ortega López, un abogado corporativo que confiesa la creación de múltiples empresas fantasma en los últimos cinco años, bajo las órdenes de Javier Duarte y Moisés Mansur.
Se trata de la primera de varias averiguaciones que tiene abierta la PGR y que serán presentadas ante la justicia en las próximas semanas y meses.
La red que permitió desviar los recursos está constituida por múltiples empresas que según la PGR y Hacienda denominaron como “fantasma o fachada”, porque solo “existen en el papel” y en el mejor de los casos los domicilios existen pero sólo se trata de habitaciones en la mayoría de los casos.
El eje central de esta acusación es una empresa de nombre Consorcio Brades S.A de C.V en la que aparecen como accionistas las dos mujeres detenidas con iniciales EAP y NIAP (cuyo nombre se reservará a partir de ahora por orden del juez).
Brades acordó con Moisés Mansur (amigo y presunto prestanombres de Duarte) el pago de 223 millones de pesos, por la compra sobrevaluada de cinco parcelas de unos ejidos en Lerma de Campeche en diciembre de 2013.
Esos ejidos habían sido adquiridos por Mansur tres años antes en apenas millón y medio de pesos, incluso, el valor catastral de los mismos eran de 200 mil pesos pero se tuvo que desembolsar más dinero a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Mansur en “ejidatario”, pues la Ley agraria exige que solo los habitantes de la región puedan comprar terrenos ejidales.
Pero…. ¿de dónde sacó Consorcio Brades 223 millones para pagarle a Mansur esas parcelas ejidales sobrevaluadas? De acuerdo con la PGR y Hacienda dicha la empresa, que no tiene antecedente ni perfil que justifique sus operaciones y carece de empleados, pagó con recursos públicos.
El origen del dinero
La investigación ministerial publicada por ANIMAL POLITICO permitió documentar que Consorcio Brades fue “fondeada” por al menos nueve empresas que le entregaron más de 300 millones de pesos. Entre esas empresas están Medical Healthy Service S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Melvan; Sacmet Inmobiliaria S.A de C.V; Benfa Inmobiliaria S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Alim S.A de C.V y otras.
Este grupo de empresas intermediarias a su vez recibieron el dinero de otras compañías como Solaris Technologies; Aglomerados de Concretos del Papaloapan o Evolución de Diseños que eran proveedoras de productos y servicios de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Veracruz.
Todas las empresas señaladas son “fachada”. En varias de ellas aparecen como representantes legales o apoderados José Juan Janeiro Rodríguez y Javier Nava Soria, hoy prófugos de la justicia.
La PGR señaló que no hay evidencia alguna que las empresas proveedoras hayan surtido los servicios productos por los que fueron contratados. El esquema, es el mismo que el utilizado en el reportaje sobre empresas fantasma publicado por Animal Político en donde se movieron casi mil millones de pesos solo de recursos estatales, y cuyo destino final se encuentra bajo investigación.
El dinero, según la acusación de PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, nunca salió de la misma estructura criminal. Aunque el dinero era trasladado vía transferencia electrónica, las cuentas bancarias que lo movían estaban bajo control del mismo grupo. La intención era moverlo de cuenta en cuenta para hacer más difícil su rastreo.
