AGENCIAS
Ciudad de México
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz enviará a San Lázaro una solicitud de desafuero en contra del diputado federal del PRI, Alberto Silva, para poder proceder en su contra por irregularidades durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en la administración de Javier Duarte.
Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Político que tanto Silva como Gina Domínguez, también ex vocera de Duarte, figuran como probables responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos de 12 dependencias distintas.
Domínguez fue detenida con una orden de aprehensión girada por un juez local, sin embargo en el caso de Silva la fiscalía no puede solicitarla debido al fuero con el que cuenta como legislador federal.
En la solicitud que el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, presentará hoy en San Lázaro, se expondrá que Silva es probable responsable de al menos tres delitos distintos, coalición, abuso de autoridad y ejercicio ilegal, por lo que resulta necesario que rinda declaración ante el Ministerio Público, y en su caso sea presentado ante un juez.
Una vez que la solicitud del juicio de procedencia (como se le denomina al procedimiento de desafuero) quede oficializada ante el Congreso, será turnado a una comisión instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que presente la Fiscalía para determinar si es procedente o no el desafuero.
Esta será la segunda vez en el año que la Fiscalía de Veracruz solicita el desafuero de un legislador federal que antes fue ex funcionario del gobierno de Javier Duarte.
Previamente lo hizo con Antonio Tarek Abdalá, también por un presunto caso de desvío de recursos públicos cuando era secretario de Finanzas del Estado.
La comisión instructora se negó a retirarle el fuero bajo el argumento de que el legislador tenía una demanda de amparo, sin siquiera elaborar un dictamen.
Animal Político publicó el pasado 27 de abril que la Fiscalía del Estado procedería contra Domínguez y contra Alberto Silva, quienes suman tres carpetas de investigación abiertas por diversas irregularidades en la administración de Javier Duarte.
El megafraude
La Fiscalía de Veracruz sostiene que desde la coordinación de Comunicación Social del estado, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo que permitió el desvío de 4 mil millones de pesos por lo menos, provenientes de 12 dependencias distintas.
El mecanismo era el siguiente: Comunicación Social solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación. Esto sin que hubiera ningún tipo de dictamen que acreditara que había el presupuesto suficiente.
El dinero iba a parar a compañías escogidas directamente por Comunicación Social, sin ningún tipo de proceso de adquisición transparente, y sin rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo que violaba múltiples disposiciones legales.
La evidencia con la que cuentan las autoridades, entre ellas cientos de facturas, arroja que mediante este mecanismo se desviaron recursos de las secretarías de Seguridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado. Los recursos fueron a parar a compañías fantasma o a empresas con alguna posible relación con los funcionarios.
