Es uno de los estados más rezagados del país en orden y seguridad, derechos humanos y justicia civil y penal, reporta el World Justice Project.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Veracruz es una de las 10 entidades de la República Mexicana con peor índice de Estado de Derecho, es decir, en tierras veracruzanas es casi nula la existencia de una defensa a problemas como la corrupción o la violencia, el acceso a derechos fundamentales o a la justicia civil y penal, según reportó un estudio de World Justice Project (WJP).
El informe presentado a nivel nacional, indica que Veracruz cuenta con una calificación general de 0.37% (en una escala donde 0 es la calificación más baja y 1 la más alta, y más cercana a respetar el Estado de Derecho), por debajo de entidades como Guerrero (que tiene el peor índice con 0.29), Baja California Sur, el Estado de México, Sonora, Puebla, Quintana Roo, y en empate con Morelos, la Ciudad de México y Jalisco.
Veracruz en el segundo estado a nivel nacional con la peor calificación en Derechos Fundamentales, es decir, en la entidad, no se garantizan los Derechos Humanos establecidos en la Declaración Universal, y que son los que están más estrechamente vinculados con el Estado de Derecho.
Este apartado detalla que la medición se hizo a través de subfactores como trato igualitario y ausencia de discriminación; si el derecho a la vida y a la seguridad de las personas se garantiza efectivamente, el debido proceso legal de los acusados, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad religiosa y de culto, el derecho a la privacidad, el derecho a la asamblea y asociación, y los derechos laborales.
Veracruz obtuvo apenas una calificación de 0.42, en contraste con la entidad mejor calificada que fue Aguascalientes, con 0.56; el puntaje revela que los veracruzanos y veracruzanas se perciben discriminadas por condiciones socioeconómicas, género, color de piel, nacionalidad, orientación sexual y/o de género, entre otros.
Además, mide una baja ausencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones a defensores de Derechos Humanos; hay poco respeto a los derechos de las personas acusadas de cometer un delito, no se garantizan con efectividad los derechos laborales fundamentales, ni hay una garantía de expresar o comentar libremente acerca de políticas gubernamentales.
Los otros dos peores puntajes los obtuvo en Justicia Civil y Justicia Penal, es decir, en Veracruz hay dificultades para acceder a mecanismos efectivos para resolver controversias, hay desconocimiento y falta de confianza en mecanismos para resolver problemas legales, y disponibilidad de asesoría legal adecuada.
Sobre la Justicia Penal, el índice indica que hay bajo respeto a los derechos de las víctimas y de personas acusadas, además, se señala un trabajo poco eficaz de policías y ministerios públicos, así como poca eficacia en los sistemas de procuración e impartición de justicia.
En México hay un Estado de derecho "débil generalizado" producto de las "situaciones de violencia, corrupción e impunidad" que afectan a millones de mexicanos, reporta el World Justice Project (WJP) en su primer informe a nivel local en la materia.
Según el documento, que por primera vez hace un análisis focalizado en un país, por entidad, el promedio nacional de cumplimiento en México de las normas que llevan a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno es de apenas 0.39 en una escala de 0 a 1, donde 1 indica el máximo apego al Estado de derecho, entendido como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible.
Los rubros en los que el país resultó con los niveles de evaluación más bajos son ausencia de corrupción, con un puntaje de 0.35; justicia civil, 0.36, y justicia penal, 0.38, lo que significa que los principales retos a atender son "la corrupción, la seguridad y la justicia", considera Leslie Solís, integrante de WJP.
"Dentro de la justicia, lo que vemos más débil son la investigación de los delitos y las policías", añade en entrevista.
"En México, el fortalecimiento del Estado de derecho sigue siendo un tema pendiente. Las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno", asegura Alejandro Ponce, jefe de Investigación de WJP.
Ahora, en la medición del caso por país, afirma que "México se encuentra en una coyuntura única para orientar sus políticas públicas y consolidar sus instituciones, especialmente a nivel local".
El informe puntualiza que, a pesar de que la distancia entre el primer lugar (Yucatán, 0.45) y el último (Guerrero, 0.29) es relativamente corta, hay " diferencias que son reflejo de distintas realidades, retos y éxitos de política pública" y "muestran que México no es del todo homogéneo en materia de Estado de derecho".
Para la organización internacional, el fortalecimiento del Estado de derecho en México sigue siendo un tema pendiente y recordó que el año pasado el país se posicionó en el lugar 92 del Índice de Estado de Derecho a nivel mundial, que clasifica a 113 países, lo que significó una caída de cuatro posiciones con respecto al año precedente.
"México debe convertirse en un país donde impere la ley y donde todos la cumplan y la respeten. Su gente lo demanda y anhela", afirma el jefe de investigación de WJP, Alejandro Ponce.
World Justice Project midió la percepción y experiencias sobre ocho indicadores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, a través de encuestas aplicadas a 25 mil 600 personas en general y mil 500 especialistas, en zonas rurales y urbanas de los 32 estados.
Aclara que el Índice de Estado de Derecho en México 2018 emplea un marco conceptual y metodológico semejante al utilizado por el WJP para medir la adhesión al Estado de derecho alrededor del mundo desde una perspectiva ciudadana. Sin embargo, el marco conceptual y metodológico se adaptó para reflejar el contexto nacional y la arquitectura institucional del país.
CORRUPCIÓN
Las entidades con mayores problemas de corrupción la lista la encabeza la Ciudad de México, seguida de Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz, Baja California Sur, Chiapas, Durango y Sonora.
JUSTICIA PENAL
Respecto a la aplicación de la justicia penal, las entidades más debilitadas son Guerrero, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Chiapas y Durango.
