A más de 3 años de lo ocurrido, asume el gobernador Cuitláhuac García Jiménez la responsabilidad por el mal actuar de las autoridades; trabajará para que se haga justicia y no sucedan más hechos violentos como éste.
Redacción
Ciudad de México
Para dar lugar a la verdad y detener el daño a particulares por parte de las autoridades, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció la responsabilidad de autoridades estatales y ofreció disculpa pública por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, el 11 de enero de 2016, quienes, aseguró, eran inocentes.
Lo anterior, en cumplimiento a uno de los puntos de la Recomendación por Graves Violaciones 5VG/2017, dictada el 19 de julio de 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como al Dictamen de Opinión Técnica emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Hace más de tres años, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz se trasladaban del puerto de Veracruz a Playa Vicente, cuando fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Policía Estatal, en complicidad con el crimen organizado.
“Reconocemos públicamente la falla del Estado y ofrecemos una disculpa por el actuar de la policía, por la detención arbitraria, tortura y asesinato de sus hijos", expresó el mandatario.
En las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia, el mandatario reconoció el mal actuar de las autoridades de ese momento, que intentaron criminalizar a los jóvenes, y de los elementos de seguridad que, en vez de protegerlos, incumplieron la ley, además de la impunidad de la que fueron víctimas las familias.
“Este acto público es el inicio de darle su lugar a la verdad y detener, de alguna manera, el daño causado; asimismo, busca ser ejemplo de nuestra convicción de que una verdadera transformación, como la que se busca en el país, requiere poner los derechos humanos en el centro de nuestro actuar, por eso, era para nosotros fundamental limpiar el nombre de todos ellos”.
García Jiménez se comprometió a trabajar cada día para que no se repitan atrocidades como ésta y que, consciente de su exigencia de justicia, los procesos de las personas detenidas llegarán a condenas justas, tanto por desaparición forzada como por delincuencia organizada.
“Hacerlo frente a ustedes es un compromiso de que, como Gobierno, buscaremos estar a su altura, así como a la altura de los miles de familiares que buscan a sus seres queridos en el estado. Solo así podremos avanzar con pasos sólidos para poner freno a las violaciones, la corrupción y la impunidad en el estado de Veracruz, y ésa es nuestra encomienda”, aseveró.
Estuvieron presentes, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez; la subprocuradora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías Guerra; el comisionado ejecutivo de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón; el primer visitador de la CDNH, Ismael Eslava Pérez; un familiar en representación de cada una de las víctimas, y el abogado de las familias, Celestino Espinoza Rivera.
También, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, magistrado Edel Humberto Álvarez Peña; el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz; e integrantes del Gabinete Estatal.
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Disculpas públicas
no reparan gravedad
de la desaparición, pero
es un paso: Encinas
Las disculpas públicas no son suficientes, ni reparan a gravedad de la desaparición forzada de cinco jóvenes a manos de policías, pero son un primer paso, uno relevante al reconocer las responsabilidad del gobierno de Veracruz, para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos delitos, advirtió Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno federal.
En el acto el funcionario dijo: “Estamos aquí por la entereza y la dignidad que han dedicado las familias a la búsqueda de sus desaparecidos”.
Aseguró que el acto de reconocimiento, responsabilidad disculpa pública, reviste una especial relevancia, porque muestra el reconocimiento de la gravedad de los hechos, y la prioridad para defender las violaciones graves a derechos humanos, de poner a las víctimas en el centro del actual.
