El Universal
Ciudad de México
Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes, compareció ante un juez federal del reclusorio Norte tras ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.
El funcionario se reservó su derecho a declarar, por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo 8 de febrero. Por el momento permanecerá interno en el mencionado centro penitenciario.
Marcos Vargas Solano, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, presidió la audiencia que inició a las 11:00 horas y terminó a las 13:30 horas, aproximadamente.
Debido a los contagios por covid-19, el juez tomó la decisión que la audiencia se celebrara a puerta cerrada y porque el espacio en estos juzgados es muy reducido.
El agente del Ministerio Público Federal leyó los cargos del expediente que consignó contra el secretario. La diligencia se llevó a cabo bajo las normas del viejo sistema penal. Sánchez Mendoza compareció ante la rejilla de prácticas, pero se reservó su derecho a declarar.
El funcionario solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para ofrecer pruebas a su favor.
Ayer, afuera de la zona militar en la ciudad de Aguascalientes, elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cumplimentaron la orden de aprehensión.
La investigación comenzó en 2016, tras una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la apertura a trámite de una petición realizada por una víctima.
El denunciante aseguró que fue objeto de tortura por parte de Sánchez Mendoza y de otra persona, luego de ser detenido sin motivo alguno por presuntos agentes de la extinta Policía Federal, al salir de un gimnasio en la Ciudad de México.
El secretario formó parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Procuraduría General de la República (PGR), y después se unió la Policía Federal en la época que Luis Cárdenas Palomino fue comisionado de Inteligencia de la PF.
