Ivonne Acuña Murillo
Enorme tarea se ha echado encima el nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, que bien haría en obedecer a lo que ordena su segundo apellido, pues para conseguir su objetivo deberá enfrentar 10 grandes retos.
En primer lugar, deberá hacer frente a la oposición de sectores del priismo tradicional que no han visto con buenos ojos su designación, al considerarla como una imposición del presidente Enrique Peña Nieto. Entre ellos se cuentan ex presidentes del PRI, gobernadores en funciones y ex gobernadores como Ulises Ruiz, de Oaxaca, e Ivonne Ortega, de Yucatán, quienes, de diversas maneras, han hecho públicas sus dudas en torno a tal designación.
En segundo lugar, las críticas internas se verán complementadas por acusaciones que buscan golpear su honestidad y credibilidad, toda vez que en dos ocasiones mantuvo en silencio su militancia priista, misma que finalmente se vio obligado a aceptar al pretender convertirse en consejero electoral a nivel federal en el año 2010. Militancia que, por otra parte, se ha convertido en uno de los argumentos que permiten poner en cuestionamiento su actual nombramiento.
En tercer lugar, tendrá que enfrentar las resistencias de quienes dentro del partido tienen cuentas pendientes por acusaciones de corrupción y tendrían sobradas razones para no otorgar su apoyo a la formación de un nuevo órgano anticorrupción al interior de su instituto político, como anunció Ochoa Reza.
En cuarto lugar, Ochoa deberá atender la duda sembrada a raíz de una investigación periodística realizada en 2014 por la revista “Proceso” y “Reporte Índigo”, año en que hizo público su patrimonio al asumir el cargo de director general de la Comisión Federal de Electricidad, mismo que incluía una flotilla de 109 taxis, así como obras de arte compradas durante el periodo en que el funcionario era estudiante, profesor de la UNAM o desempleado. Lo relevante del caso es que dichos bienes no coinciden con los ingresos del ex consejero electoral, profesor de la UNAM y ex funcionario de la CFE.
En quinto lugar, suponiendo que lograra crear un órgano anticorrupción, deberá resistir las presiones venidas de otras fuerzas políticas y de la misma sociedad organizada para no hacer pasar por ese mismo tamiz a funcionarios públicos del más alto nivel acusados de poseer bienes. La duda principal será, ¿cómo podrá presionar para que se atiendan y sancionen casos de corrupción al interior de su partido, cuando tal sospecha recae sobre sí mismo?
En sexto lugar, no conforme con los obstáculos que tendrá que remontar al interior de su partido para crear un nuevo órgano anticorrupción, pretende erigirlo en el guardián de la moralidad de otras fuerzas políticas.
En séptimo lugar, deberá atender la inminente elección de 2017 en estados como Coahuila, Nayarit y el Estado de México.
En octavo lugar, tendrá que afrontar las presiones que dentro del PRI se han desencadenado por la carrera hacia el 2018.
En noveno lugar, deberá manejarse como presidente nacional del PRI al mismo tiempo que los hacedores de listas ya lo ubican como posible presidenciable. ¿Cómo sustraerse a la tentación de competir por la candidatura a la Presidencia de la República?
En décimo lugar, tendrá el desafío más importante: evitar que la autocrítica que pretende que ocurra al interior del PRI se convierta en enfrentamientos que coloquen al partido al borde de otro desgajamiento, como el ocurrido en 1987, cuando un grupo de inconformes con la ruta emprendida por el partido decidieron salir y dar forma a un nuevo instituto político. En corto, su reto mayor será reconstituir y mantener la disciplina partidista y el espíritu de cuerpo tan resquebrajados en los últimos años, en particular por la indisciplina y corrupción de la mayoría de los últimos gobernadores salidos de sus filas.
