María del Carmen Alanís
Daniel Ortega, histórico integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en días recientes ha perpetrado un duro golpe a las instituciones democráticas de Nicaragua. Instituciones que, por cierto, le dieron acceso a la Presidencia de la República de 1984 hasta 1990.
Tras dos derrotas en los procesos electorales de 1996 y 2001, volvió a la Presidencia. Desde el 10 de enero de 2007, Ortega ha permanecido en el poder, y este año será reelecto nuevamente, por tercera ocasión en noviembre, con la singularidad de que este año su compañera de fórmula será su esposa (EL UNIVERSAL, México, 2 de agosto de 2016).
Hasta hace unos años, la reelección en Nicaragua no estaba permitida. Fue la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que admitió un recurso de amparo a Daniel Ortega para que pudiera presentarse como candidato para las elecciones de 2001 y 2012 (El País, 20 de octubre de 2009). En enero de 2014, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional para aprobar la reelección presidencial indefinida. Dicha reforma fue aprobada con 64 votos a favor y 25 en contra (El País, 30 de julio de 2016).
La presidencia de Ortega ha sido caracterizada por su interferencia con los distintos órganos de gobierno. En 2014, la Asamblea Nacional reeligió a cinco de los siete miembros del Consejo Supremo Electoral, lo que fue percibido en el Centro Carter como una pérdida de institucionalidad del Consejo. Para otras organizaciones internacionales, los procesos electorales no han cumplido con los estándares de transparencia, y los jueces del Consejo Supremo Electoral no han sido imparciales (El Universal, Venezuela, 2 de junio de 2014).
Además, el gobierno de Daniel Ortega ha estado caracterizado por su relación atropellada con las agencias de Naciones Unidas. Por ejemplo, en septiembre de 2010, el gobierno de Nicaragua pidió la salida de María de Jesús Conde, representante de UNICEF en el país, después de algunas declaraciones hechas. Asimismo, en 2015 el gobierno decidió hacerse cargo de los programas de ayuda para el desarrollo, y pidió la salida de Silvia Rucks, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua. Finalmente, este año, el gobierno de Ortega declaró que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estaba interfiriendo en los asuntos internos de Nicaragua al “financiar a agrupaciones políticas” de la oposición y de “tergiversar los datos de desarrollo”. El PNUD negó dichas acusaciones (El País, 19 de febrero de 2016).
En mayo, el Consejo Supremo Electoral llamó a elecciones para noviembre. No obstante, en junio, el Consejo quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre, el candidato de la oposición. Como resultado, no podrá participar en las elecciones presidenciales de este año (Diario Las Américas, 29 de julio de 2016). Con la salida de Montealegre, el Consejo Supremo Electoral dio la representación del PLI a Pedro Reyes. Sin embargo, como los diputados del PLI se negaron a obedecerlo, pidió al Consejo que los quitaran de sus escaños. El Consejo Electoral destituyó a 16 diputados titulares y a 12 suplentes de la oposición (El País, 30 de julio de 2016).
La Fundación por los Derechos Humanos (Human Rights Foundation) ha sugerido a la OEA que las acciones de Nicaragua violan la Carta Democrática Interamericana. Voces de la oposición, de la sociedad civil y analistas internacionales se han sumado a dicha petición (La Prensa, 1 de julio de 2016). A estas voces se sumó en días pasados la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA Democrática, organización integrada por ex mandatarios de diversos países. Mediante la Declaración sobre los atentados a los parlamentos de Nicaragua y Venezuela, adoptada y publicada el 1 de agosto, la agrupación pide a la comunidad internacional mantenerse atenta y actuar en consecuencia para restablecer el orden democrático, ante los “atentados a la separación de poderes” y la “desfiguración abierta del principio democrático de elecciones auténticas y competitivas” (IDEA Democrática, 1 de agosto de 2016).
Las elecciones de noviembre no tendrán observadores internacionales (La Prensa, 6 de junio de 2016). Ello, sumado a la destitución de los diputados de la oposición de la Asamblea Nacional, favorece un clima en el que Daniel Ortega puede controlar las elecciones y violar los principios democráticos internacionales.
Lo más lamentable: no existe instancia nacional o internacional que lo evite.
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