Lo escribimos ayer en Las Comentadas: “quien convoca, tiene que hacerse responsable de las consecuencias”; ciertamente después del caos que se generó en toda la entidad veracruzana, particularmente la zona sur, quienes hicieron un llamado para hacer paros seguramente se estarán deslindando de los actos violentos, que ya dieron sus consecuencias con al menos tres muertos y varios heridos. No se trata nada más de llamar a hacer paros, en un momento de tanta crispación social se debe pensar más de una vez y valorar las consecuencias que puede haber.
En primer lugar, vale la pena recordar que los líderes transportistas, que incluso en rueda de prensa hicieron el anuncio, fueron muy enfáticos en que todo sería de manera pacífica y sólo sería un paro de actividades, tanto de camiones del transporte urbano, taxis y camiones de volteo. Sin embargo, está bien documentado que las cosas no fueron así, hubo personas del mismo gremio bajando gente de los taxis y los camiones urbanos, obligando a quienes no estuvieron de acuerdo en el paro, a no prestar servicio a los ciudadanos.
La postura del gobernador, quien salió a dar la cara, es digna de destacarse, en un discurso enérgico advirtió que todos aquellos transportistas que hayan bloqueado vías de comunicación, les será retirada la concesión bajo la cual operan. Si eso va en serio, seguramente veremos en los próximos días la suspensión y retiro de concesiones de cientos de unidades que se prestaron para impedir el libre tránsito en ciudades como Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce y Nanchital, que fueron prácticamente secuestradas.
Los actos de vandalismo son punto y aparte, aunque consecuencia de que por un lado los líderes transportistas convocan a acciones de protesta y por otro, grupos de jóvenes con el rostro cubierto arremetieron en contra de comercios y cadenas de conocidas tiendas de autoservicio. Quienes convocaron podrán deslindarse y decir que sus acciones serían pacíficas, pero lo cierto es que no calcularon la magnitud de todo lo que podía pasar en perjuicio de la sociedad, a la que dicen respetar.
Otro tema que está poniendo a prueba al gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes, es lo relativo a la presa del Yuribia, que ya fue tomada por líderes serranos, no obstante las advertencias del propio titular del Ejecutivo estatal en el sentido que ya no se cederá a los chantajes. La determinación de los serranos es un claro desafío a la autoridad, ya que se les ofrecieron becas y obras, con el objeto de empezar a dar cumplimiento a compromisos no cumplidos por administraciones anteriores.
La respuesta de los dirigentes indígenas fue muy concreta: no quieren obras ni becas, quieren seguir recibiendo 2 millones y medio de pesos mensuales. Es decir, las razones originales de sus demandas y bloqueos de la presa ya no son importantes, para ellos es mejor que las cosas continúen igual, de otra forma se les acabaría el pretexto para chantajear, a cambio de dinero.
El día de ayer en rueda de prensa, el gobernador Yunes fue muy contundente al referirse al tema del Yuribia, al señalar que no se les dará el dinero al que estaban acostumbrados, además que ya existen órdenes de aprehensión en contra de quienes han encabezado esas acciones, que dejan sin agua potable a medio millón de habitantes del sur de Veracruz. Se espera que la palabra sea soportada por la acción.
