Margarito Escudero Luis
Los jueces y agentes del ministerio público que han tocado el caso Cofisur, han demostrado gran capacidad para evadir sus responsabilidades, desobedecer las órdenes del Tribunal Supremo de México
y evitar que se haga Justicia, favoreciendo con esa actitud intereses que no salen a la luz.
Ahora resulta que el Agente del Ministerio Público Primero de Acayucan, a través de un telegrama, informó a sus superiores que no puede materializar la orden de entrega de las oficinas a la financiera, porque en una revisión a la indagatoria se percató que existe una diligencia de entrega, en la que se ostentó como propietaria la señora María de los Ángeles García Ruíz.
De entrada es bueno notar que en las instancias de gobierno, en el Poder Judicial, aún siguen utilizando medios de comunicación obsoletos, como son los telegramas, medio que cualquier jovenazo debe conocerlos como piezas de museo. (¿Hasta cuándo se modernizarán?).
Por otra parte, desde hace mucho tiempo se había informado que, en verdad se hizo entrega del edificio al propietario del inmueble, pero esa persona, María de los Ángeles García Ruiz, no es la dueña de Cofisur, de esta forma enredan el caso y pretende evadir su responsabilidad.
Además, el mismo superior del Agente del MP de Acayucan, le pregunta cuál es su pretensión al enviar ese telegrama.
MISMO PROCEDIMIENTO
El mismo procedimiento aplicaron para evitar cumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que respecta a la entrega Material de la Oficina Matriz, ubicada en Revolución 404, donde la situación es más complicada, puesto que el Agente del Ministerio Público Cuarto, con tal de lavarse las manos, encuentra que el mismo Juez Primero de Primera Instancia realizó diligencias de entrega del edificio, a la que dijo ser su propietaria, una señora de apellido Thompson, en noviembre del 2013.
O sea que entregaron el edificio, pero no han entregado las oficinas de Cofisur, que es la orden dictada por la Suprema Corte.
Y es que las oficinas de Cofisur ya no existen, muebles, aparatos y documentos desaparecieron, cuando la autoridad tenía bajo su resguardo todo ese material.
Ahora salen con que ya entregaron. Aún falta mucho por aclarar, las autoridades deben dar una explicación real, convincente y que salgan con argumentaciones técnicas, cuyo único fin es confundir a quien se deje.
Pero el principal responsable de la financiera, no quita el dedo del renglón, insiste en pelar por lo que es justo y legal, habiendo demostrado que no existieron los delitos que se presumían y ahora se le deben devolver los bienes que quedaron bajo resguardo oficial.
Porque si entregaron los edificios a las personas mencionadas, entonces éstas deben ser llamadas a cuentas, para que expliquen que hicieron con todo lo que había dentro.
Pero la guerra se está entre jueces y Ministerios Públicos, quienes mantienen un tiroteo de oficios y telegramas, con los que se pretende encubrir otros ilícitos, a otras personas o simplemente su propia negligencia.
Están en juego millones de pesos y estos distinguidos elementos del Poder Judicial, están metidos en una gran bronca.
ARRINCONADOS
Según Pedro Martínez Escudero, ya están sin salida y sabiendo que el no acatar una instrucción de orden público y de inexcusable cumplimiento los hace acreedores a sanciones monetarias y pueden culminar con la separación del puesto y abrirles un proceso federal.
Así que en un esfuerzo por evitar esas sanciones, el Juez Primero de Primera Instancia, solicitó al Agente del Ministerio Público Cuarto Investigador (a través de un oficio, por supuesto), le sean entregadas 500 cajas con documentación, expedientes, etc. que fueron aseguradas por dicha autoridad en la investigación ministerial, pero este mismo Juez Primero, como no quiere tener responsabilidades y curándose en salud envió copia de ese mismo oficio al Procurador de justicia del Estado y al Subprocurador de Justicia de la Zona Sur.
Lo cierto es, que hasta el día de hoy, estas autoridades responsables se encuentran en franco desacato, mientras Cofisur está a la espera de que le sea restituido todo lo ilegalmente incautado, sobre todo los expedientes de crédito, los documentos cobrables, pagarés, chequeras, mobiliario y equipo, computadores, bases de datos con información confidencial, para poder abrir sus oficinas, cobrar a quienes deben y empezar a pagar a los ahorradores.
Tan fácil que se ve
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