Redacción
Xalapa, Ver.
Con la finalidad de fortalecer la Ley de Obras Públicas del estado en cuanto a la mejora de la gestión administrativa, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez presentó a la Diputación Permanente una iniciativa que prevé reformar diversas disposiciones normativas.
En la iniciativa, el legislador expone que las reformas responden a la necesidad de actualizar el marco jurídico para fortalecer la coordinación interinstitucional, la claridad normativa y la eficiencia en la ejecución de obras públicas, en concordancia con los principios de legalidad, transparencia y desarrollo sostenible, evitando contradicciones en la aplicación de criterios técnicos y financieros.
La propuesta prevé la adición de dos párrafos al Artículo 63 para instituir formalmente el cobro de derechos del “cinco al millar” sobre el importe de cada estimación.
“Este mecanismo, una práctica consolidada y de probada eficacia a nivel federal, es de una lógica simple y poderosa: quien ejecuta la obra contribuye, de manera proporcional, a financiar el servicio de vigilancia que el Estado está obligado a prestar para garantizar que dicha obra se realice correctamente”, refiere el documento de la iniciativa.
Plantea también:
Eliminar ambigüedades y concentrar la facultad de interpretación en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), brindando certeza jurídica a todos los actores.
Establecer la responsabilidad ineludible de los Entes Públicos de obtener la totalidad de permisos, no solo los señalados por la Ley de Obras, sino por todas las normativas aplicables en la gestión de la obra.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) precisó que la propuesta se alinea con los objetivos prioritarios del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), impulsado por la gobernadora Rocío Nahle García, que busca fortalecer este marco legal.
“No se trata de una reforma cosmética, sino de un ajuste estructural orientado a consolidar un sistema de obra pública basado en la prevención, la certeza jurídica y la autosuficiencia financiera en su fiscalización”, concluyó.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Comunicaciones.
