*Urgieron al Poder Judicial del estado a reactivar la función jurisdiccional, con las medidas de protección necesarias, pues existen más de 15 mil denuncias detenidas y cinco o seis mil que no se han publicado.
*Cordoba,Ver.
Abogados de las altas montañas cuestionaron la falta de medidas sanitarias en los juzgados de la entidad para evitar el contagio del Covid-19, e invitaron al estado a proporcionar los medios de protección tanto para el personal que allí labora como para quienes se acercan en busca de justicia.
Además urgieron al Poder Judicial del estado a reactivar la función jurisdiccional pues existen más de 15 mil denuncias detenidas y cinco o seis mil que no se han publicado.
En rueda de prensa, Silverio Gasca Vázquez, presidente del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, expusieron que enviarán una carta abierta al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y a la Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Sofía Martínez Huerta.
De entrada cuestionaron que en los juzgados no se apliquen medidas sanitarias, que si bien son de responsabilidad individual, también es cierto que la salud pública es una obligación y función del estado y le corresponde la aportación de los insumos necesarios.
Agregó que los juristas están en la mejor disposición de sumarse, en la medida de sus posibilidades, y apoyar materialmente para contar con un lugar de trabajo confiable, qué beneficie tanto a los justiciables como quienes acuden en ejercicio de su profesión, comprometiéndose a realizar gestiones ante los 16 ayuntamientos de este Distrito judicial, a efecto de que apoyen en este sentido.
En cuanto a la reapertura de los juzgados, expuso que es evidente que la asignación de turnos por medio de redes sociales es insuficiente y no resuelve el problema de los justiciables.
Por ello proponen que labore el 50 por ciento del personal del juzgado, en forma alterna, tres días en seis días de la semana, incluido el día sábado, para sacar adelante el rezago.
Además, que las audiencias se programen a partir de las 08:30 horas de la mañana y hasta las 15:00 horas en que formalmente debe laborar el personal del juzgado.
"Por nuestra parte, los abogados, nos comprometemos a abreviar la duración de las audiencias a efecto de que se pueda celebrar otra u otras audiencias en el turno de la mesa que nos atienda, reduciendo con ello el peligro de contagio; desde luego sin perjuicio del proceso por los derechos procesales de los justiciables".
Por su parte, el vicepresidente del Colegio, José Antonio Aguilar Herrera, urgió a la creación de las oficialías de parte común en los distritos judiciales, en aquellos distritos como el de Orizaba, en que aún no operan.
En cuanto a la digitalización de los procesos y de los expedientes; el vicepresidente de Acción Social, Mauricio Rojas Hernández, dijo que es evidente que esta herramienta vendrá a beneficiar la impartición de justicia y el ejercicio profesional, sin embargo deben considerar que la aplicación de este sistema requiere de una plataforma digital confiable, así como de las reformas a los códigos, ya que la imposición, sin las reformas adecuadas, sólo genera la posibilidad de nulificar las actuaciones.
"A este efecto, se propone convocar las organizaciones de profesionistas del derecho y la informática, con el objeto de que formulen, en el ámbito de su experiencia las reformas pertinentes y de inmediato someterlas al congreso para su promulgación".
Así mismo dijo que se ve con preocupación el reducido número de personal que opera en los juzgados, en particular en los familiares, por lo que es indispensable asignar más personal cómo hacer convenios con las universidades de la región, a efecto de que se integren pasantes para acreditar su servicio social como una medida de apoyo.
La Tesorera del Colegio Maribel Sánchez Villalvazo, solicitó una audiencia conjunta o separadamente en la que en un plano de cordialidad, atención, respeto y apoyo mutuo, se les permita la exposición de otros puntos urgentes que se requieren de su atención inmediata en beneficio de la función pública de la impartición de justicia.