- La auditra superior Dalia González Cobos dijo, sin embargo, que en la revisión del ejercicio 2022, RTV fue observado por el manejo financiero por 2 millones de pesos, aunque el Congreso del Estado aprobó la cuenta pública.
Yhadira Paredes
Xalapa, Ver.
No se descartan observaciones sobre el manejo financiero en la cuenta pública 2023 sobre el Organismo público descentralizado Radio Televisión de Veracruz, señaló la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.
Lo anterior, ante las manifestaciones de trabajadores de la televisión estatal que actúan de falta de mantenimiento de las instalaciones que podría haber llevado a la muerte de un empleado.
“Claro, nos corresponde revisar el ejercicio del gasto, ya tenemos ahorita una revisión que hicimos de este ejercicio y que determinó por ahí algunas cuestiones que se verán en su momento, pero no les puedo adelantar, tengo un impedimento de ley en este ejercicio”.
Reconoció, sin embargo, que en la revisión del ejercicio 2022, RTV fue observado por el manejo financiero por 2 millones de pesos, aunque el Congreso del Estado aprobó la cuenta pública.
“Hemos dado todas las facilidades a todos los entes para que puedan cumplir, pero quien no cumpla, esos expedientes los enviaremos a la Fiscalía General del Estado. Nosotros estamos obligados a hacer revisiones puntuales, ahora si hay una instrucción del Congreso para que hagamos alguna situación extraordinaria, nos tiene que instruir para eso”.
PROCEDEN CONTRA DOS AYUNTAMIENTOS
POR DESVIO DE RECURSOS
Por otra parte, Delia González Cobos indicó que recientemente supieron de dos ejercicios de acción penal contra igual número de Ayuntamientos por incumplimiento de un deber legal.
“Apenas supimos de dos ejercicios de la acción penal recientemente. Ya ahí no puedo pronunciarme ni nada de eso. Lo que sí digo es que la Fiscalía ha estado trabajando con nosotros (…), hay desvíos de recursos, hay incumplimiento de un deber legal en ayuntamientos”.
En ese sentido, dijo finalmente, que tanto la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General les han requerido documentación, opiniones, dictámenes, por lo que trabajan coordinadamente con ellos.
