MARGARITO ESCUDERO LUIS
FOTOS GLADYS COLLADO
Coatzacoalcos
El problema de tierras que se presenta en el poniente de la ciudad, ante una presunta invasión de 24 hectáreas de terreno ubicadas junto al edificio llamado Palacio Legislativo del Poder Judicial de la Federación, da un vuelco ante las declaraciones de Samuel Fernando Muñoz de la Rosa, quien dice no defender a nadie y se ostenta como presidente de una organización no gubernamental de Derecho Humanos, sin aclarar de cuál se trata.
Se trata del asunto delicado de la tenencia de la tierra y del desarrollo del municipio de Coatzacoalcos, donde asegura que hay una serie de irregularidades cometidas por un grupo delincuencial, en contubernio con autoridades municipales, del gobierno del estado y Registro Público de la Propiedad.
Explicó que el asunto data desde el año 2005, como resultado de que Raúl Bringas Burelo se asoció con Alejandro Wong Ramos, Alejandro Gutiérrez Cabrera, Óscar de la Cruz, Homero Melchor, para efectos de adjudicarse ilícitamente tierras que no les corresponden.
Aseguró que Raúl Bringas Burelo es heredero de una asociación, pero eso no le permite vender por su voluntad esos terrenos, ya que son varios herederos.
Señaló que esas actividades ilícitas, no se llevarían a cabo sin la complicidad de algunas autoridades, en este caso, el Catastro Municipal y el Registro Público de la Propiedad, que ilícitamente registran escrituras hechas por el Notario Enrique de Jesús Aguilar Urcelay, Notario Público número 14, a quien ya se le había suspendido la Notaría.
Mencionó que este notario hace las escrituras y posteriormente las personas mencionadas empiezan a hacer un tipo de lavado y mandan los documentos a otros notarios, que también tienen responsabilidad, porque un fedatario debe revisar que esas tierras estén libres de todo gravamen.
“Esto ya pasó a mayores, toda vez que Alejandro Wong Ramos, Alejandro Gutiérrez Cabrera y otras personas, se han asociado con la delincuencia organizada en Coatzacoalcos”, aseguró.
Y denunció que ha sido víctima de amenazas, y uno de sus hijos ya fue secuestrado en 2010, de los cual hay denuncias presentadas, “y esto se salió de todo ámbito”.
Dijo que las personas mencionadas están apoyando a Juan Manuel Valdez Durán, quien se dice dueño o representante de una organización llamada Nueva Calzadas y lo señala de haber invadido 10 de las 24 hectáreas que colindad con el edificio del Poder Judicial de la Federación, de lo cual hay testigos y denuncias, ya que Valdez Durán estuvo en la cárcel.
Comentó que Valdez Durán asegura que la señora Valencia le firmó un contrato, pero se dice que se falsificaron firmas, pero las autoridades determinaron que el contrato es lícito, cuando de fondo se sabe que es ilegal.
Agregó que los hijos de la señora Valencia no defendieron en tiempo y forma esa situación.
Señaló que esta situación ha llevado a todas las agresiones y lesionados que ha habido en esa colonia, donde Juan Manuel Valdez los acusa y también es acusado, lo cierto es que hay denuncias que se han presentado en contra de Óscar de la Cruz, por el asunto relacionado con las 10 hectáreas invadidas.
También informó que se presentaron denuncias en la Agencia Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, donde se ponen en evidencia a una serie de notarios públicos por escrituras ilegales, porque no cumplieron con las formalidades.
Mostró una serie de documentos, voluminosos expedientes de los casos que se llevan en los tribunales, en los que se incluye una denuncia que hace Manuel Bringas Burelo en contra de su hermano Raúl, por los delitos de fraude, fraude procesal, falsificación de documentos y uso de los mismos.
También se denuncia a Alejandro Wong Ramos, Enrique Orta Romero, Elba Araceli Contreras Hernández, Óscar de la Cruz, Joaquín González Menéndez, Jesús Ramón Ortiz Cisneros, dirigente de la CTM, quien financia a Alejandro Gutiérrez Cabrera; Martha del Carmen Palomo Domínguez, quien dijo que es esposa de alguien, se arrepintió y no quiso mencionar el nombre del marido; Laura Eugenia Hernández Albores, Valeria Ortiz Andrade, esposa de Alejandro Gutiérrez, que para lavar su ilícitos pone a sus esposa al frente, para cubrirse la espalda.
También está denunciado Humberto Martínez Martínez, prestanombres de Homero Melchor, presidente de la barra de abogados.
Aseguró que se trata de un grupo delincuencial que, al amparo de las relaciones, el conocimiento y en contubernio con autoridades y notarios públicos y ahora se sabe que con funcionarios del gobierno del estado, tratan de adjudicarse predios y bienes que no les corresponde.
“Ellos dicen que la sucesión está agotada, entonces hay varias colonias irregulares, porque supuestamente no encuentran a los dueños, cuando todos saben quiénes son”.
