Millones de estudiantes de todos los niveles educativos se enfrentan a diario a severas carencias de infraestructura en las escuelas.
Elizabeth Aviña
Coatzacoalcos, Ver.
En México, dos de cada 10 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no cuentan con servicios básicos en sus escuelas como electricidad, agua, drenaje, sanitarios y bebederos, mientras que alrededor de 16% de ellos no tienen mobiliario básico para tomar clases, como pizarrones, pupitres o mesabancos.
Con base al estudio diagnóstico educación 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el gasto nacional en educación (incluyendo público y privado) en 2016 era de 6.8 por ciento del PIB, el gasto público representaba solo 5.1 por ciento del PIB equivalente a 18.9 por ciento del gasto federal programable.
La distribución del gasto público dista de ser eficiente para garantizar el cumplimiento del derecho, por ejemplo: la proporción gastada en educación para adultos es insignificante comparada con el tamaño de la población que lo requiere, y el destino del gasto se enfoca, casi en su totalidad, al pago de nómina, dejando algunos rubros como materiales, capacitación, infraestructura sin suficiente financiamiento.
Por tanto, la disponibilidad y distribución del presupuesto es insuficiente para garantizar el derecho a la educación.
Por su parte, las personas del nivel medio superior enfrentan problemas de disponibilidad de instituciones que, junto con los problemas de accesibilidad económica, han generado que solo cursen este nivel seis de cada diez jóvenes, y que en el tránsito entre secundaria y media superior se reduzca la matrícula en poco más de 1.5 millones de personas.
Durante el ciclo escolar 2014-2015, 32 por ciento de los docentes de cuarto, quinto y sexto de primaria reportó no contar con el programa de estudios del grado o grados con los que trabajan desde el inicio del ciclo escolar.
En el nivel medio superior se identificó que 4.9 de los docentes del último grado escolar no cuenta con el programa de estudios de la asignatura que imparte desde el inicio del ciclo escolar, mientras que en cuanto a la valoración de su contenido, el INEE ha realizado una serie de evaluaciones en las que determinó que la estructura planteada en los planes de los niveles obligatorios vigentes para el ciclo 2017-2018 (establecidos en 2011) se encuentra saturada por la gran cantidad de elementos que contempla su diseño, lo que dificulta su implementación y el logro de sus objetivos.
En cuanto a los materiales educativos, para el ciclo escolar 2016- 2017, en promedio, 89.5 por ciento de los alumnos de preescolar contaban con el paquete de libros de texto gratuitos; en primaria 95.9 por ciento, y en secundaria, 98 por ciento.
Sobre la oportunidad de la entrega, el estudio observó que en menos de 60 por ciento de escuelas de preescolar y primaria y en dos terceras partes de secundaria se recibieron con oportunidad; en 20 por ciento de preescolares, 15 por ciento de primarias y diez por ciento de secundarias, se recibieron durante la tercera semana del ciclo escolar o después.
En relación con el análisis de accesibilidad física, se encontró que en 2015 había más de 1.3 millones de niños y jóvenes que invertían tiempos excesivos de traslado a la escuela; este problema se agudiza sobre todo en el nivel medio superior, debido a la disminución de instituciones disponibles cerca de los lugares que habitan las y los jóvenes.
Aunado a los problemas en cuanto a la distancia para llegar a los centros educativos, las personas presentan también limitaciones en el acceso económico, en especial, a medida que aumenta el nivel escolar.
Esto se verificó en las diferencias que se presentan en la asistencia para la población sobre y por debajo de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (2016). Diferencias que tienden a incrementarse en secundaria y media superior, al igual que la proporción de la población que no asiste a la escuela por motivos económicos debido al costo de oportunidad laboral.
En la calidad de los procesos se analizaron las prácticas de enseñanza que tienen un efecto determinante en el aprendizaje de los estudiantes, y con ello en el pleno ejercicio del derecho. La evidencia muestra que los docentes dicen dedicar 75 por ciento del tiempo a la enseñanza, cuando el óptimo es al menos 85 25 por ciento, el resto se llevaba en actividades de gestión o ajenas a la enseñanza.
Además, la persistencia de prácticas con poca influencia en el aprendizaje como son la revisión del cuaderno de ejercicios y la realización de ejercicios en tareas similares, dejando de lado el uso de las TIC y el desarrollo de proyectos.
El aprovechamiento de los estudiantes en México, muestra bajos niveles tanto en los estándares a nivel nacional (prueba PLANEA), como en los internacionales (prueba PISA).
Un elemento utilizado para aproximar la relevancia de la educación es la posibilidad de que la educación obligatoria dote de las habilidades, capacidades y conocimiento necesario para ingresar a la educación superior (en caso de que se desee), al respecto en 2016, casi la mitad de los aspirantes al nivel superior fueron rechazados (48.6 por ciento) y se mantuvo cerca de 20 por ciento de los lugares ofertados sin ocupar (18.3 por ciento).
Lo anterior podría estar sugiriendo que, además del problema de disponibilidad de instituciones en este nivel, la calidad educativa en el nivel medio superior podría no estar generando las competencias necesarias de las personas para continuar estudios postobligatorios.
Brechas
Un hallazgo encontrado en el análisis de brechas es que la entidad de residencia de los estudiantes genera diferencias en el acceso al derecho, tanto en la disponibilidad, especialmente de infraestructura y de personal, como en la accesibilidad y en el aprovechamiento; Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz presentan los menores niveles de acceso a la educación.
Por otro lado, el disfrute del derecho a la educación es diferenciado entre los grupos etarios; los adultos mayores son el grupo más excluido del ejercicio del derecho y, además, al que menos recursos se le destinan.
De la población en edad escolar, uno de cada cuatro niños de tres a cinco años no asiste a preescolar, aun teniendo instituciones para ello, mientras que, cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 17 años no cursa la educación media superior.
También se detectó que se han ido cerrando las brechas por sexo que excluían a las mujeres del derecho a la educación.
Otro de los grupos que en mayor vulnerabilidad se encuentra respecto de su disfrute al derecho a la educación es la población hablante de alguna lengua indígena, ya que presenta un menor nivel de accesibilidad física y económica, a la par de enfrentar un sistema educativo que no ofrece servicios integrales con pertinencia cultural, puesto que el modelo educativo indígena es vigente solo en los niveles de preescolar y primaria y solo está presente en localidades indígenas, por lo que, cuando existe población indígena fuera de ellas, no tiene acceso a este tipo de modelo.
Además, los materiales en lengua indígena suelen no distribuirse a tiempo, de manera suficiente o en la lengua correcta, asimismo el personal que habla su misma lengua algunas veces resulta insuficiente.
Por otro lado, las personas con discapacidad enfrentan la falta de adaptación de los servicios, tanto en infraestructura como en materiales y personal capacitado, así como insuficientes apoyos para garantizar el acceso a la educación, lo que ha generado que parte de esta población no pueda disfrutar de manera equitativa del derecho frente a las personas sin discapacidad, lo cual genera que las brechas de asistencia a la escuela se amplíen conforme aumenta el nivel educativo.
La situación de embarazo y maternidad en las mujeres en edad normativa escolar genera disparidad en el acceso al derecho. Un ejemplo de ello es que 3.5% de mujeres de 3 a 17 años que dejaron la escuela declaró que se embarazó o tuvo un hijo.
Otra brecha identificada en el estudio diagnóstico es la correspondiente entre la población que habita las zonas rurales frente a las urbanas.
Con base en la evidencia recabada a nivel nacional y estatal se identificaron ocho retos principales para avanzar en la garantía del disfrute pleno del derecho a la educación:
Incrementar la disponibilidad de instituciones en educación media superior y fomentar el acceso y permanencia de los estudiantes en mayor situación de vulnerabilidad que cursan este nivel educativo.
ESTRATEGIAS
*Mejorar la infraestructura educativa para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje a todos los titulares del derecho.
*Propiciar la asistencia a la educación preescolar.
*Disminuir las inequidades en el acceso y disfrute del derecho entre grupos de población.
*Asegurar que la calidad de la educación sea igualitaria entre la población que asiste a distintos tipos de escuela.
*Disminuir el porcentaje de población adulta en rezago educativo que no accede al derecho a la educación.
*Mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos.
*Implementar estrategias encaminadas a mejorar la formación docente.
