MARGARITO ESCUDERO LUIS
FOTOS GLADYS COLLADO
30 ciudadanos de Coatzacoalcos, encabezados por Moisés Zarco Lacunza, presentaron una demanda ante las autoridades federales, exigiendo que se suspenda el cobro del peaje y el retiro de la caseta del puente Coatzacoalcos Uno.
Zarco Lacunza comentó que antes de eso, había presentado una demanda de amparo para poder pasar la caseta de cobro; ahora presentó una demanda colectiva para solicitar el cese del peaje; es decir, que dejen de cobrar y retirar completamente la caseta.
Señaló que esta demanda está presentada en contra del gobernador del Estado Javier Duarte, del Secretario de Comunicaciones y Transporte Federal, así como del Secretario de Comunicaciones del Estado y el Secretario de finanzas del estado de Veracruz.
Dijo que la finalidad es retirar la afectación que conlleva el que le estén cobrando a los ciudadanos un pago por un puente que está totalmente pagado y que, el recurso que aparentemente se está generando por la caseta, está siendo dilapidado, porque va destinado a la obra del túnel sumergido, pero se está haciendo un manejo indebido de los recursos y hay un fraude en contra de la obra del túnel; por lo tanto esa caseta debe retirarse.
Indicó que el sustento de esta demanda se basa en que, de acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, dice que tiene que haber una vía totalmente libre de peaje para que los ciudadanos transiten por esta región y esa no existe, ya que el puente Dovalí cobra y el Coatzacoalcos Uno también cobra, por lo tanto es obligación de las autoridades dar una vía libre de peaje y no se tiene en esta zona.
Se trata de una demanda vía Judicial, conllevará a que la determinación de un juez para efectos, si es procedente, ordenará al gobernador y al secretario de comunicaciones que se retire el peaje y la caseta definitivamente.
Comentó que se presentó la demanda y el juez le dio entrada, que es lo que interesaba y está en el Juzgado Federal Décimo de Distrito y el paso que sigue es comunicarle por parte del juzgado al gobernador y los demás implicados y se les dará un término de tres a cuatro semanas para contestar las prestaciones que se reclaman.
Reiteró que se trata de una demanda colectiva, avalada por 30 ciudadanos inconformes por el cobro que se hace del peaje y la mala administración del mismo, no participa ninguna organización, sólo ciudadanos, no se trata de una cuestión política, es netamente social.
Recalcó que se trata de un reclamo judicial y si el juez determina que se tiene la razón, ordenará que se retire la caseta; aclarando que otro tipo de reclamos no tienen sustento, porque los gobernantes ponen oídos sordos, protestas en medios de comunicación o marchas y plantones no son atendidos, en cambio ante una demanda como la que se menciona, deben rendirle cuentas a un juez.
