Elizabeth Aviña
Foto: Gladys Collado
Coatzacoalcos, Ver.
No es “capricho” de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Veracruz tener tras las rejas a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el caso del homicidio del pastor Claudio Martínez, aseguró el titular, Luis Ángel Bravo Contreras.
Argumentó que el hecho de que el Poder Judicial les haya otorgado el amparo por detectar violaciones en el procedimiento, tampoco es un fracaso para la instancia, en cambio aseguró que las indagatorias continuarán, y estos podrían volver a ser llamados en caso de ser necesario.
Incluso aseguró que actualmente la PGJ está ya atendiendo la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les dio con respecto a los elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) que presuntamente agredieron a los cuatro trabajadores de la CFE.
“La recomendación que Derechos Humanos nos dio está acatándose y en vías de cumplimiento, pero que quede claro que el fallo que se emitió alude al termino constitucional, el auto reclamado es el de formal prisión, no se está exonerando a nadie, es verdad que se descubrió que hubo violación a los procesos, y habrá que replantear la situación en contra de quien sea necesario”, declaró.
Expuso que esto no es un fracaso de la procuraduría pues el amparo no es una absolución, en cambio, detalló que esta es una etapa donde se le permite a la procuraduría re-plantear la acusación en contra de quien resulte responsable.
“Seguimos investigando, y volveremos a proceder, no está diciendo que son inocentes, hay violaciones que se cometieron en el procedimiento, y se están indagando, si hay que sancionar funcionarios, los voy a sancionar”, afirmó.
El procurador mencionó que los funcionarios implicados en esto, (si es que los hubiera), no solo serán investigados administrativamente, sino que también hay una averiguación previa sobre ellos, y dijo, se tomarán decisiones contundentes si es que hubo actuar indebido de parte de estos.
